La Comisión Especial de Contrataciones Públicas de la Cámara de Diputados celebró este viernes su 16ª reunión, en la que discutió junto a la Asociación de Contratistas y Suplidores de la República Dominicana y representantes del comercio los puntos más polémicos del proyecto de ley de Contrataciones Públicas. Entre las principales inquietudes abordadas estuvieron las disposiciones sobre compras y penalidades aplicables a contratistas y suplidores.
El proyecto de ley, que busca sustituir la actual normativa de 2006, propone la creación de una dirección con personalidad jurídica propia y la implementación de mecanismos innovadores para la gestión de compras, incluyendo sanciones penales más severas para quienes violen la normativa. Además, plantea una reducción del 90% en los trámites burocráticos, así como la extensión de su aplicación a los ayuntamientos para garantizar mayor rigor en las contrataciones.
El diputado Gregorio Domínguez, presidente de la comisión, adelantó que la próxima semana de rendirá el informe favorable, marcando un paso clave hacia su aprobación en el Congreso.
La normativa ha generado expectativas en diversos sectores por su potencial de modernizar y transparentar los procesos de contratación pública en el país.
