Santo Domingo.- La Fundación Primero Justicia Sometió este jueves un recurso contencioso administrativo contra las la autorización emitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones y contra la Contraloría General de la República contra la autorización contenida en la circular fecha 3 de febrero del 2022, que instaura “Gestión integral y oportuna de los procedimientos de contratación de alquileres y arrendamientos de bienes inmuebles en el Sistema de Contrataciones Públicas y Registro de Contratos.
En virtud de la cual, entidades del Estado Dominicano, han suscritos contratos sobre valuados por miles de millones de pesos, como es el caso de los escandalosos casos de la dirección General de Pasaportes y el de OFICINA Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), cuyo director Bartolomé Pujals a suscrito contratos por mas de RD$2,400,000,000.oo, en franca violación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado, que de conformidad con el articulo 138 de la Constitución deben normar las contrataciones públicas.
Es inaudito, que el Estado Dominicano haya perdido en alquiler sobrevaluado de un edificio para la Dirección General de Pasaportes, las suma de RD$1,200,000,000.00, con la sola excusa de que su director “necesite un edificio con ascensor, alquileres con precios ficticios, que duplican el precio del inmueble arrendado.
Hemos solicitado además al Tribunal Superior Administrativo la anulación y suspensión d ellos contratos de alquiler sobrevaluados de los contratos suscritos por Dirección General de Pasaportes y el de OFICINA6 Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), mediante los cuales garantizaban la sustracción de miles de millones de pesos en perjuicio del Estado Dominicano, quienes para evitar sospechosas del fraude, usaban a la Inmobiliaria Reservas como aparente propietaria, cuando en realidad, los inmuebles alquilados eran propiedad del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I, de allegados al presente gobierno.
