El abogado Francisco Álvarez detalló los alcances de la nueva Política de Protección de Datos que implementará el Poder Judicial en la República Dominicana, asegurando que esta no busca restringir el acceso a la información pública, sino proteger los datos sensibles de las personas involucradas en procesos judiciales.
“La Ley 2-23 de Casación, promulgada en 2023, establece en su artículo 41 que las sentencias deben proteger los datos personales. Esto incluye la omisión de información sensible al transcribir documentos”, explicó Álvarez.
Según el abogado, la política responde a la necesidad de alinear el país con estándares internacionales, como los de la Unión Europea, donde se utiliza la anonimización de datos en repositorios públicos de sentencias.
Álvarez enfatizó que la democratización del acceso a decisiones jurisdiccionales conlleva una responsabilidad adicional: “El acceso a bases de datos públicas no puede poner en riesgo la seguridad, privacidad o derechos de las personas. Se busca publicar solo los datos estrictamente necesarios”.
El abogado aclaró que el público, incluyendo la prensa, seguirá teniendo acceso a la información, ya sea a través de la plataforma virtual del Poder Judicial o en las sedes físicas. “Si alguien quiere consultar un expediente completo, podrá hacerlo en los tribunales correspondientes. Lo que se protegerá en los repositorios públicos son los datos sensibles, como direcciones o números de identificación, que no aportan valor al caso pero sí exponen a las personas”, explicó durante su participación en el programa radial Esto No Tiene Nombre.
Francisco Álvarez destacó que esta política no es un intento de limitar el ejercicio periodístico, sino de garantizar derechos constitucionales como la intimidad y el honor. “El objetivo es garantizar que las bases públicas de datos sean seguras y cumplan con principios como licitud, lealtad, transparencia y proporcionalidad”, afirmó.
Además, subrayó que esta regulación también protege a los abogados. “Muchas veces, los nombres de los abogados aparecen en sentencias públicas con datos como números de cédula o carnés, información que no debería ser de acceso abierto”, puntualizó.
Álvarez concluyó que la Política de Protección de Datos representa un esfuerzo del Poder Judicial por modernizarse y adaptarse a estándares internacionales, al tiempo que refuerza el respeto por los derechos fundamentales de los ciudadanos.
