Constructora JPREZ desafía normativas y expone a su entorno al peligro inminente
Santo Domingo, República Dominicana – En una medida eficaz para proteger la seguridad
pública y garantizar el cumplimiento de las leyes de construcción, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) ha ordenado la paralización inmediata del proyecto Prado
Residences III, ubicado en la calle Francisco Carias Lavander No. 17, Ensanche Paraíso.
Esta decisión se fundamenta en graves violaciones a la Ley 687 de Construcción y su
reglamento de aplicación, el Decreto No. 1661.
Desde el inicio de la obra, liderada por el ingeniero Jochimin Pérez Iglesias, se han cometido reiteradas infracciones a las normativas de urbanización y construcción, en particular a la Ley 675 sobre Urbanización, Ornato Público y Construcciones, y la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios. Pese a las advertencias y los informes de evaluación emitidos por el ONESVIE (Oficina Nacional de Evaluación de Seguridad de Viviendas e Infraestructuras), que documentan las irregularidades y daños estructurales ocasionados, la constructora continuó sus actividades, ignorando las leyes y comprometiendo la seguridad de los
inmuebles y sus ocupantes. El informe técnico de octubre de 2024 del ONESVIE reveló
serias patologías estructurales en el inmueble contiguo, atribuidas directamente a las
excavaciones negligentes realizadas. Entre los daños se destacan grietas en columnas,
desprendimiento de recubrimientos, levantamientos de pisos y colapsos parciales de muros perimetrales, dejando la estructura en un estado crítico con alto riesgo de colapso. Pese a las denuncias, órdenes judiciales de paralización y recomendaciones de evacuación, el ingeniero Pérez y su equipo persistieron en sus labores, amparándose en el rol de este como 2do. Vocal de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI) para intimidar a las autoridades y evadir la suspensión de los trabajos.
La intervención del MIVED envía un mensaje claro a las empresas constructoras: el respeto
a las leyes no es opcional y la seguridad pública debe prevalecer sobre los intereses
privados. La paralización de esta obra establece un precedente importante para los futuros proyectos en el país y subraya la necesidad de que las normativas urbanísticas y de
construcción se cumplan sin excepciones.
