La Vega. — La situación política en el municipio de La Vega se ha vuelto crítica tras la renuncia del alcalde Kelvin Cruz, lo que ha generado una vacancia en la alcaldía. En este contexto, Syra Taveras, Directora Ejecutiva del Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), ha solicitado la intervención urgente de la Junta Central Electoral (JCE) para asegurar que el proceso de sucesión se realice conforme a la ley y evite un vacío de poder en la administración local.
Según la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, la vicealcaldesa, Amparo Custodio, debería asumir el cargo de manera inmediata. Sin embargo, Custodio también presentó su renuncia el 21 de agosto de 2024, una decisión que ha sido marcada por denuncias de violencia política. La vicealcaldesa ha afirmado que su renuncia fue resultado de presiones y coacciones, lo que cuestiona la validez de su decisión.
La situación se complica aún más, ya que el secretario general del ayuntamiento ha sido juramentado como alcalde provisional. Sin embargo, esta medida se toma sin evaluar la posible ilegalidad de la renuncia de Custodio, si se confirma que fue inducida por violencia política. La Ley 20-23 tipifica como delito electoral cualquier acto de intimidación que lleve a una mujer a renunciar a un cargo electo, estableciendo penas de uno a tres años de prisión.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana establece que para que un cargo público sea considerado vacante, deben cumplirse ciertos requisitos, que podrían no estar presentes en este caso debido a la denuncia de coacción.
La falta de un procedimiento claro para la designación de un nuevo alcalde en ausencia de un vicealcalde agrava la situación. La Ley 176-07 carece de vigencia constitucional, lo que genera un vacío jurídico que impide una solución efectiva.
En consecuencia, Syra Taveras ha instado a la JCE a intervenir para garantizar el respeto a los derechos de la vicealcaldesa y asegurar que la sucesión se realice de manera ordenada y legítima, protegiendo así la voluntad del electorado de La Vega. La intervención de la JCE es crucial para prevenir un vacío de poder y garantizar la integridad de la representación democrática en el municipio.
