SANTIAGO. — El regidor Alexander Germoso denunció este martes que el Concejo de Regidores de Santiago aprobó de manera irregular la apertura de un certificado de inversión por RD$100 millones de pesos ante una administradora de fondos de inversiones.
Y también manifestó que el Concejo aprobó de manera irregular un acuerdo de financiamiento con el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME). Todo lo anterior, imponiéndose con la mayoría que posee el PRM y sus aliados en ese Concejo.
El regidor del partido Opción Democrática (OD) denunció que, en la sesión ordinaria de este martes 22 de octubre, el Concejo de Regidores de Santiago aprobó la apertura del mencionado certificado de inversión por RD$100 millones, sin contar con la opinión técnica y viabilidad del gerente financiero, ni mucho menos del contralor municipal, ni con la anuencia del Comité de Seguimiento Municipal.
El edil mostró su rotundo rechazo a esta aprobación que, además, vulnera los mínimos principios de las prácticas contables, pues esta decisión no parte del cierre trimestral del ejercicio financiero y presupuestario de la alcaldía. Tampoco se tomó en cuenta el principio de diversificación, pues esos fondos irán en su totalidad a una sola administradora de fondos de inversiones, lo que, en la buena práctica es inadmisible.
En cuanto al acuerdo con PROMIPYME, este beneficiaría a empresarios (sin haber recibido los regidores la documentación de soporte) de esta ciudad con préstamos de hasta $1.5 millones, sin un previo estudio de la Comisión de Asuntos Jurídicos o la Comisión de Finanzas del Concejo, siendo el Ayuntamiento uno de los garantes de dichos préstamos.
Como parte de lo denunciado por el regidor Germoso, puede indicarse que siendo la sesión convocada para las 10:00 a.m., ambas comunicaciones para el manejo de estos fondos, llegaron a manos de los regidores a las 11:00 a.m. sin una documentación anexa que les permita realizar un trabajo responsable de fiscalización.
El regidor Germoso expresó que estas acciones generan serias dudas sobre la salud financiera del Ayuntamiento y la transparencia a la que se deben los funcionarios municipales en todas sus acciones.
