La adolescente fue llevada a un centro de acogida para niños, niñas y adolescentes. A su mamá nunca le dijeron dónde la llevarían y, aunque le aseguraron que podría visitarla cuando quisiera, ese ofrecimiento no se cumplió. Luego de una audiencia, se decidió que podrá verla solo dos veces al mes.
República Dominicana. El Estado dominicano restringe injustamente las visitas de Flor* a su hija Luz*, una adolescente de 14 años con una discapacidad cognitiva severa, sobreviviente de violencia sexual y con un embarazo de alto riesgo, en un hogar de paso en el que se encuentra desde el 31 de agosto.
Esto luego de que la Fiscalía, un juzgado y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) declararan que la menor estaba en riesgo y que debía ser institucionalizada. A Flor nunca le comunicaron a dónde llevarían su hija y, a pesar de que le dijeron que podría visitarla cuando quisiera, ese ofrecimiento no se cumplió. Flor no supo del paradero de su hija durante un mes.
Gracias a la presión nacional e internacional del Círculo de Mujeres con Discapacidad (CIMUDIS), Fòs Feminista, Women Enabled International y Women’s Link Worldwide, organización que las representa legalmente, el Estado contactó a Flor y le permitió visitar a su hija el 30 de septiembre. Sin embargo, le informaron que para seguir viéndola necesitaría una autorización de la Fiscalía. Adicionalmente, en una audiencia realizada el 11 de octubre, se decidió que las visitas serán solo dos veces al mes.
Flor es una mujer que vive en condiciones de extrema pobreza. Por la situación que han vivido junto a su hija, el deseo de estar junto a ella y la presión por parte de diferentes autoridades no tuvo otra opción que aceptar este régimen de visitas.
La condición de discapacidad de Luz le impide hablar, moverse y tener una vida independiente, por eso es tan importante que pueda estar junto a su mamá, quien es su principal mecanismo de apoyo y quien entiende sus necesidades. “Quiero estar con mi hija, cuidarla y poder verla al menos una vez a la semana. También que se investigue la violencia sexual que sufrió y que esto no le vuelva a pasar a ninguna niña ni
adolescente”, aseguró Flor.
Un embarazo de alto riesgo
En julio de 2024, Flor notó una protuberancia en el abdomen de su hija y la llevó al hospital. Luego de realizarle algunos exámenes, el personal médico le confirmó que estaba embarazada. Ella denunció la violación y la Fiscalía emitió una orden de captura en contra del presunto violador. Sin embargo, hasta la fecha se encuentra prófugo de la justicia.
Las niñas y adolescentes embarazadas tienen mayores probabilidades de sufrir complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto. De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en las adolescentes menores de 15 años el riesgo de morir por causas relacionadas con el embarazo es hasta tres veces más que en mayores de 20 años.
Uno de los médicos que atendió a Luz afirmó que, por su edad, su discapacidad y su bajo peso es más propensa a tener cuadros de preeclampsia, un parto prematuro y riesgo de desprendimiento de la placenta. A estos riesgos se suman las consecuencias para la salud mental y emocional de una adolescente cuya única opción es llevar a término un embarazo producto de una violación.
Cristina Francisco, directora del CIMUDIS, afirmó que “las niñas y adolescentes, incluidas las que viven con alguna discapacidad, tienen derecho a ser protegidas, a crecer sanas y felices, a ir a la escuela y a cumplir sus sueños. Sin embargo, el Estado dominicano no provee apoyos adecuados para las personas con discapacidad y sus familias. Luz nunca había recibido protección por parte del Estado ni ha tenido acceso
a educación, ni a controles y atención médica eficaz y de calidad, y ahora está obligada a ser madre”.
Por su parte, Maryangel García-Ramos Guadiana, directora ejecutiva de Women Enabled International, aseguró que “una vez más vemos al capacitismo en todo su esplendor y cómo afecta terriblemente las vidas de las niñas y adolescentes con discapacidad. El Estado dominicano no sólo le falló a Luz al no poder garantizarle una infancia segura y libre de violencia sexual, también continúa violentándola a través del internamiento, la falta de acceso a servicios de salud dignos, y la separación de la persona que es su cuidadora principal y defensora, su madre. Las niñas deben tener una vida digna libre de violencia y abusos, no siendo forzadas a parir”.
Este caso pone sobre la mesa la importancia de aprobar la interrupción voluntaria del embarazo, al menos en tres causales (riesgo para la vida de la mujer; embarazo inviable; violación o incesto), en la República Dominicana. La penalización absoluta tiene consecuencias reales y muy graves sobre la vida de las niñas, adolescentes y mujeres. “La historia de Luz demuestra la inexistencia de justicia reproductiva y la incongruencia del Estado dominicano que, por un lado, prohíbe el aborto en todas las circunstancias
y, por otro, castiga a las niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual a vivir separadas de sus familias, aun cuando afrontan embarazos y maternidades forzadas que ponen su salud y vida en riesgo. Es injusto que esta sea la única opción que ellas tengan”, explicó Jovana Ríos Cisnero, directora ejecutiva de Women’s Link Worldwide.
Exigimos al Estado dominicano: eliminar las prácticas forzadas de institucionalización de niñas y adolescentes con discapacidad. Según el Comité de los Derechos de las personas con discapacidad, la institucionalización no debe ser considerada como una forma de protección de las personas con discapacidad, pues constituye una forma de segregación. Igualmente, garantizar el acceso a justicia(s) de todas las niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual, incluyendo las que viven con una
discapacidad; garantizar atención médica y psicológica integral, acceso a la interrupción voluntaria del embarazo para quienes la soliciten y acompañamiento socioeconómico para quienes elijan continuar sus embarazos.
Así mismo, exigimos al Estado dominicano el restablecimiento inmediato de los derechos de Luz; respetar los derechos y deseos de Flor para acompañar y cuidar de su hija sin restricciones y que, como mínimo, permita visitas permanentes.
