El Centro Juan XXIII considera que la Reforma Fiscal es un trago tan amargo como necesario. Los recursos requeridos para alcanzar una educación básica pública de calidad y el pago de la deuda pública limitan la posibilidad real de hacer las inversiones necesarias para otras demandas de la población. Esta realidad requiere una necesaria actualización del marco fiscal.
Ahora bien, la necesidad de una modernización en el manejo fiscal entra en el imaginario colectivo actual como parte de la Ley 1 del 2012, mejor conocida como la Estrategia Nacional de Desarrollo. En este contexto, lo que se planteó siempre ha sido un pacto. No un proyecto de ley ajeno al consenso generalizado que garantizaría su éxito.
De igual manera, en los últimos 50 años, nuestra sociedad ha tenido que vivir el enriquecimiento desmedido e inexplicable de sus representantes y funcionarios, apoyado desde un gasto suntuario, negligente, clientelar, de mil maneras corrupto y un Poder Legislativo que abiertamente irrespeta la ley que genera. A esto sumamos que, durante ese mismo tiempo, es poco o nada lo visible que se ha hecho para reducir la evasión fiscalprevalente en el país. La promesa eterna es que con la nueva ley esto se hará. Sin embargo, para reducir la evasión no faltan leyes ni instrumentos nuevos. Lo que falta es la voluntad de asumir el costo político de aplicar la ley.
El gobierno ha anunciado “sacrificios” que ha hecho o va a hacer como contribución al fin. Sin embargo, la información dada no incluye cuántos ahorros se lograrían o las razones que motivaron su elección. ¿En este contexto, cómo podrá la sociedad civil mañana pedir cuentas al Estado de que cumpla con su parte, cuando esa parte no cuenta con medios claros de medición y seguimiento? ¿Qué pasará con los dispendios ofensivos que quedan francamente abiertos? ¿Qué pasará con el gasto descomunal de publicidad y comunicación? ¿El famoso “barrilito” y “cofrecito”? ¿El crecimiento desmedido de la nómina pública? ¿Las pensiones injustificadas? ¿Seguirá la ADP lucrándose inmisericorde con los fondos destinados a la educación dominicana, que exacerban la necesidad de esta reforma fiscal, atrincherada detrás del secuestro de alumnos y alumnas, nuestros hijos e hijas?
Llama poderosamente la atención que los legisladores que conocerán de esta reforma no se someten, ni ellos, ni muchos otros en el gobierno central, a las consecuencias que sus decisiones generan. Para agregar ofensa a la injuria, los mismos se auto-otorgan programas de protección en la vejez y de salud mucho más “cómodos” que aquellos a los que someten sin ninguna vergüenza a la mayor parte de la ciudadanía. ¿Cómo puede un legislador votar válidamente por una ley cuando no está dispuesto a acompañar a sus representados en las consecuencias que la misma acarrea? Esta pregunta que para alguien puede parecer tonta, está en el corazón del por qué tantos dominicanos escogen no contribuir. Del por qué muchos, pobres y ricos, eligen excluirse voluntariamente de nuestra economía formal y evadir. La pregunta sin respuesta que estos ciudadanos hacen es: ¿Por qué tengo yo que cumplir con la ley cuando quien hace dicha ley no la cumple?
Mientras la clase política no esté en disposición de asumir en su piel y la de sus hijos las consecuencias del sacrificio que nos piden, para nosotros y nuestros hijos, será imposible motivar el respaldo mayoritario de la ciudadanía a medidas que irremediablemente significan una sacrificada reducción de nuestra calidad de vida.
Sí, se requiere un aumento de los ingresos tributarios. Sin embargo, antes el Estado debe:
1. Procurar un dialogo nacional que cumpla con lo que ya exige la ley 1-12, un pacto social,
2. Mejorar significativamente la calidad y eficiencia del gasto público y
3. Hacer esfuerzos medibles por reducir la evasión.
Es por todo esto que el Centro Juan XXIII considera prudente llamar no a detener un proceso que como sociedad debemos vivir, pero sí a darnos el tiempo para hacerlo bien. Habiendo la sociedad finalmente recibido la propuesta del gobierno, solicitamos un lapso válido de tiempo tanto para que la sociedad se organice y reaccione, como para que el gobierno dé pasos concretos en torno a los puntos 2 y 3 antes mencionados.
Es menester también recordar que, dentro del marco jurídico actual, es el Consejo Económico y Social (CES) el espacio donde los concesos sociales deben ser logrados. Por lo que, urgimos al gobierno a que retire la pieza introducida al Congreso, dé a la sociedad un plazo suficiente para entrar en un proceso de negociación real usando el mecanismo que como sociedad hemos creado para este fin y, habiendo llegado a ese puerto, llamar a la clase política a refrendar, sin cambios, el conceso social alcanzado.
Solo así, creemos, será posible alcanzar la promesa de un pacto fiscal nacional que no sólo resuelva las urgencias económicas del estado dominicano si no que garantice a todos la construcción de una nación donde todos somos iguales ante la ley, donde todos cargamos parejos a la hora del sacrificio y donde los acuerdos que como sociedad alcanzamos son respetados por todos.
¡POR UNA PATRIA SERVIDA COMO SE MERECE!
****************
El Centro Juan XXIII es una organización que persigue transformar la conciencia política de nuestra sociedad mediante la formación y organización de dominicanos y dominicanas y la divulgación responsable de propuestas concretas, encaminadas a crear una sociedad más humana y más justa. Contacto: Yudi Vasquez (809) (809) 549-3499
