Santo Domingo.- El Ministerio Público explicó los detalles de la estructura de corrupción que operaba desde la dirección ejecutiva del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), como parte de la denominada “Operación Camaleón”.
Según la investigación, un entramado de funcionarios, ex empleados y empresarios se benefició económicamente adjudicando contratos millonarios a empresas de fachada, sin las capacidades técnicas necesarias. Entre estas empresas está Transcore Latam S.R.L., que recibió un contrato por RD$1,317 millones.
La investigación, liderada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), señalo que este grupo criminal orquestó licitaciones fraudulentas para manejar la red de semáforos y sistemas de videovigilancia en el Gran Santo Domingo.
El entonces director del INTRANT, Hugo Beras, junto a otros altos funcionarios, participaron activamente en esta red de corrupción, asignando contratos y otorgando acceso a información sensible a asociados como José Ángel Gómez Canaán, conocido como “Jochi”.
Entre las graves irregularidades destacan la manipulación de procesos de licitación, el uso de tecnología exclusiva para organismos de seguridad del Estado y la instalación de cámaras de vigilancia sin autorización. Incluso, el grupo llegó a sabotear la red semafórica en agosto de 2023, causando caos en el tránsito del Gran Santo Domingo.
Además, los involucrados adquirieron bienes costosos, incluyendo inmuebles y vehículos blindados, mientras realizaban actividades de lavado de activos y espionaje satelital. Las autoridades también han señalado que estos actos fueron encubiertos mediante la falsificación de identidades y la manipulación de investigaciones para obstruir la justicia.
La trama de corrupción también implicó la colaboración del Ministerio de Defensa, que firmó un contrato ilegal con la estructura criminal en 2020, permitiendo la introducción de equipos propios de agencias de inteligencia en el país.