Santo Domingo, RD – El expediente de la medida de coerción presentada por el Ministerio Público en el marco de la Operación Camaleón continúa revelando serias irregularidades en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) durante el proceso de modernización de la red semafórica en el país.
El MP explica que los implicados, Hugo Marino Leopoldo Beras Goico Ramírez y Frank Atilano Díaz Warden, firmaron un contrato con José Ángel Gómez Canaán (conocido como Jochí) sin atender las recomendaciones del consultor jurídico del INTRANT donde se informaba que la empresa no contaba con lo necesario para adjudicarle el contrato.
El contrato, identificado como DJ-CSB-009-2023, fue suscrito el 19 de junio de 2023 entre el INTRANT, representado por Beras Goico Ramírez, y la empresa Transcore Latam S.R.L., representada por Pedro Vinicio Padovani. Este acuerdo, con una duración de cinco años, estableció una modalidad de pago en cuatro partidas: 20%, 30%, 40% y un 10% final.
Las acusaciones apuntan a que Beras Goico Ramírez introdujo cláusulas nuevas en el contrato para beneficiar a Transcore Latam S.R.L., obteniendo a su vez retornos económicos de este proceso. Estas cláusulas modificaron el objeto del contrato, incluyendo pagos no especificados en el pliego de condiciones, tales como los relacionados con las fotos multas generadas por el uso del Software ClaudiA y un mantenimiento 24/7 sin costo definido.
Un análisis de los pagos realizados a Transcore Latam S.R.L. reveló que fueron divididos en dos libramientos y cuatro partidas, alcanzando un total de 65,867,549.85 DOP. Sin embargo, el primer libramiento se llevó a cabo el 3 de agosto de 2023, antes de que se depositara la garantía de buen uso del avance, lo que contradice las normativas establecidas.
La operación y las decisiones tomadas por los altos funcionarios del INTRANT han suscitado un llamado a la transparencia en el manejo de recursos públicos, en medio de un creciente clamor social por la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en el país.
El caso sigue en desarrollo, y se espera que la investigación arroje más detalles sobre las implicaciones legales de estos actos y los responsables en la red de corrupción que se ha denunciado.
