Santo Domingo.- El Ministerio Público presentó una serie de acusaciones en el marco de la Operación Camaleón, que implican a funcionarios y ex empleados del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) en una trama de corrupción.
El expediente señala que la estructura delictiva se benefició económicamente mediante la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios a empresas de carpeta que carecían de los requisitos técnicos necesarios.
Las 25 imputaciones presentadas incluyen:
- Creación de una organización criminal con participación de funcionarios y ciudadanos con antecedentes delictivos.
- Selección de oferentes antes de los procesos de licitación.
- Participación del oferente en la elaboración de los pliegos de condiciones para amañar los contratos.
- Entrega del control de la red semafórica del Gran Santo Domingo a personas con antecedentes ilícitos.
- Participación habitual del director ejecutivo del INTRANT en actividades sociales y familiares con los imputados.
- Firma de un contrato ilegal con el Ministerio de Defensa en junio de 2020, para obtener información sensible.
- Uso del contrato para traer tecnología exclusiva de agencias de inteligencia.
- Adulteración de un arma de fuego para convertirla en arma de guerra.
- Ocultación de informaciones para evitar la cancelación de licitaciones.
- Impugnación de decisiones del órgano de control que advertían irregularidades en los procesos de licitación.
- Recepción de sobornos por parte de funcionarios para beneficiar a los implicados.
- Usurpación de identidad de agencias de seguridad del Estado para colocar cámaras en Santo Domingo sin autorización.
- Control total del monitoreo de la red semafórica y el sistema de cámaras del Estado.
- Sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo en agosto.
- Exceso en la ejecución del contrato más allá de lo estipulado en los pliegos de condiciones.
- Robo de identidades para participar en el proceso de licitación.
- Creación de un consorcio falso para simular competencia en las licitaciones.
- Creación de una red de espionaje satelital.
- Extracciones ilegales de información telefónica.
- Uso de drones para videovigilancia ilícita.
- Acciones administrativas y penales para atacar la suspensión de los contratos.
- Ataques a infraestructuras críticas del Estado, causando caos en el tránsito.
- Adquisición de bienes costosos, incluyendo inmuebles y vehículos blindados.
- Lavado de activos provenientes de sus actividades delictivas.
- Infiltración en las investigaciones con el fin de obstruirlas.
Entre los implicados se encuentran Hugo Marino Beras Goico, exdirector ejecutivo del INTRANT; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, coordinador de despacho; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de tecnología de la información; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero, quienes, junto con José Ángel Gómez Canaán, Pedro Vinicio Padovani Báez, Carlos José Peguero Vargas y la empresa Transcore Latam S.R.L., habrían amañado un proceso de licitación por RD$1,317,350,997.
