Santo Domingo. La Dirección General de Migración (DGM) informó que desde las 5:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía de este viernes, más de mil migrantes en situación irregular fueron interdictados en diversos puntos del país.
El grupo está siendo sometido a depuración para verificar quiénes de ellos se encuentran en proceso de regularización en la República Dominicana.
Estos operativos forman parte del plan del Gobierno para deportar semanalmente a 10 mil haitianos, una medida que inició este jueves en el Gran Santo Domingo, como resultado de lo acordado el pasado miércoles durante el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, encabezado por el presidente Luis Abinader.
El director general de Migración, Vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester (ARD), subrayó que las acciones se realizan bajo el estricto respeto a los derechos humanos, siguiendo la directriz del presidente Abinader, con prudencia y el uso proporcional de la fuerza. Explicó que las autoridades están implementando ajustes a gran escala en términos de estrategia, inteligencia, logística, capacidades, protocolo de detención y uso de vehículos para mejorar la eficacia de las jornadas.
Desde este viernes, instituciones adicionales han sido incorporadas al operativo, como las Fuerzas Armadas, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea de República Dominicana, la Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila (CIUTRAN), la Policía Nacional y el Ministerio Público. Los operativos se están llevando a cabo en varios sectores del Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago y La Altagracia.
Lee Ballester enfatizó que estos operativos se ejecutan en el marco de la Ley General de Migración 285-04 y el decreto de aplicación 631-11, con respeto a los derechos humanos. Los migrantes detenidos que no tengan un proceso migratorio abierto serán deportados a su país de origen una vez sean llevados a los centros de interdicción y concluyan su proceso de depuración.
Este operativo busca reducir el impacto de la población migrante irregular en las comunidades dominicanas, garantizando el cumplimiento de la ley bajo estrictos protocolos que aseguren el respeto a la dignidad de las personas afectadas.
