El director general de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, enfatizó a través de su cuenta de Twitter que la presentación de documentación falsa o alterada en procesos de contratación pública constituye una grave infracción que atenta contra los principios de equidad y moralidad.
Este mensaje cobra relevancia tras el fallo emitido por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) en abril de 2024, en el que se rechazaron las medidas cautelares interpuestas por la empresa SR Power Tech Solutions.
La empresa había solicitado la suspensión de las resoluciones RIC 170-2023 y RIC-173-2023, emitidas por la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP), que la inhabilitan de manera permanente para participar en contrataciones públicas debido a la falsificación de una certificación de referencia comercial.
La recurrente argumentó que la sanción era excesiva, alegando que no se le notificaron los certificados que sustentaron la decisión administrativa y que la sanción podría llevar al cierre de la empresa. No obstante, el TSA declaró que la sanción no impide a la empresa operar en el mercado privado y que la DGCP tiene plena facultad para imponer este tipo de medidas, conforme a sus atribuciones legales.
El tribunal también rechazó la solicitud de suspensión de las resoluciones, al determinar que SR Power Tech Solutions no cumplía con los requisitos establecidos en la ley 13-07 para la adopción de medidas cautelares, manteniéndose así la inhabilitación vigente.
Este caso resalta la importancia de la transparencia y la integridad en los procesos de contratación pública, principios fundamentales defendidos por Pimentel y la DGCP.
