Miguel Mejía, ministro para Políticas de Integración Regional y secretario general del Movimiento Izquierda Unida, se negó a recibir un acto de alguacil enviado por Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED), quien lo intimó a retractarse de sus recientes declaraciones.
En opinión de varios abogados, esta postura del ministro Mejía lo coloca en una situación legalmente complicada.
En medio de la creciente crisis energética que afecta al país, Mejía hizo fuertes declaraciones contra figuras políticas y empresarios que, según él, han contribuido a agravar la situación. Durante una entrevista reciente, acusó a Marranzini de operar de manera poco ética al vender energía sin producirla, y afirmó que el empresario le debe a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) 105 millones de pesos, calificando esto no solo como un problema económico, sino también moral.
Ante estas acusaciones, Marranzini respondió con una contundente advertencia: “o se retracta o lo demando”.
El empresario defendió su honor, asegurando que las afirmaciones de Mejía son infundadas y que el supuesto caso de la deuda fue resuelto hace tiempo. “Me están llamando ladrón, y me preocupa hacer las cosas bien. Tengo una familia y negocios que cuidar”, expresó Marranzini, dejando claro que tomará acciones legales si no hay una retractación por parte de Mejía.
