Conductor involucrado en accidente en Azua está acusado de homicidio involuntario y conducción temeraria

Conductor involucrado en accidente en Azua está acusado de homicidio involuntario y conducción temeraria

Ángel Encarnación Bautista, e conductor involucrado en el accidente en Azua donde fallecieron varias personas y dejó unos 40 heridos, está acusado de homicidio involuntario y conducción temeraria.

Encarnación Bautista enfrenta cargos por homicidio involuntario, conducción temeraria, exceso de velocidad, golpes y heridas involuntarios que causaron lesiones permanentes y la muerte.

Según el Ministerio Público, representado por Juan Diego Ramírez Galván, Encarnación Bautista conducía un camión Daihatsu color rojo a gran velocidad, de forma imprudente, temeraria y negligente, cuando perdió el control y embistió a una multitud frente a un colmadón en la sección Bastida, del distrito municipal Villarpando, en Las Yayas de Viajama, el pasado 1 de septiembre.

El accidente ocurrió alrededor de la 1:50 de la madrugada, cuando el imputado transportaba aguacates en el tramo carretero San Juan-Azua. Las víctimas mortales han sido identificadas como José René Guzmán Guzmán, Génesis Arias Alcántara, Elvin Guzmán Rodríguez, Deury Ferreras Matos, Yohennys Soriano Méndez, y Jhon Deivy Geraldo Matos, quienes sufrieron traumas craneoencefálicos y faciales severos. Más de 40 personas resultaron heridas con lesiones de diversa gravedad.

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para Encarnación Bautista, alegando riesgo de fuga, ya que tras el accidente intentó huir. El caso ha sido calificado provisionalmente como una violación a varios artículos de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, incluyendo los relacionados con homicidio involuntario y conducción temeraria.

La jueza Ana Esther Hernández, del Juzgado de Paz Ordinario de Las Yayas de Viajama, impuso al imputado, Ángel Encarnación Bautista, una garantía económica de un millón de pesos, junto con la prohibición de salida del país y presentación periódica ante el Ministerio Público durante seis meses, mientras avanzan las investigaciones.