El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acogió este jueves la solicitud de homologación de criterios de oportunidad en favor de seis imputados del caso Calamar, los cuales se suman a otros tres aprobados la semana pasada.
Fernando Crisóstomo Herrera, Ramón Emilio Jiménez Collie, José Arturo Ureña, Belkiz Antonia Tejeda Ramírez, Natalia Cesarina Beltré Torres y Grupo DIBEFE S.R.L., son los favorecidos con la decisión del Tribunal, y ahora se convertirán en testigos contra los principales implicados en el caso.
Según detalló el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, los nueve criterios de oportunidad aprobados suponen la recuperación de más de 2,000 millones de pesos en bienes y efectivo en favor del Estado dominicano, de los cuales sólo en efectivo se recuperaron 400 millones en los seis de este jueves.
Así mismo, aseguró que el Tribunal acogió los acuerdos entre el Ministerio Público y los imputados porque el órgano persecutor ha cumplido con el concurso que establece la ley, para que se apliquen estos criterios de oportunidad.
Camacho agregó que además de la devolución de bienes y efectivo, el acuerdo consiste en que los juzgados admiten la comisión de los hechos, y colaboran en el desarrollo de la investigación. “Es una colaboración sumamente útil para los fines que persigue el Ministerio Público y son formas de avanzar en los procesos”, enfatizó.
Por su parte, el abogado Carlos Balcácer, representante legal de Fernando Crisóstomo, celebró la decisión de la jueza Altagracia Ramírez, ya que sus defendidos “están prácticamente desconectados del llamado caso Calamar”.
El Tribunal también declaró inadmisible la participación de querellantes afectados con las operaciones del presunto entramado de corrupción, y sus abogados dijeron que recurrirán la decisión una vez tengan a manos la sentencia.
Sobre ese particular, el magistrado Wilson Camacho indicó que lo que se conoció en el criterio de oportunidad fue lo referente al dinero decomisado, no al dinero de indemnización, y que las partes tendrán la oportunidad de, en el resto del proceso, hacer los planteamientos que entiendan en relación a como les puedan resarcir el daño que han recibido.