Annerys Meléndez, presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda (ACOPROVI), ha expresado su preocupación sobre la nueva propuesta legislativa que busca modernizar la Ley de Alquileres en la República Dominicana.
Meléndez subrayó la importancia de modernizar la Ley de Alquileres, que data de 1959, para fomentar la inversión en viviendas destinadas al alquiler, proteger tanto a inquilinos como a propietarios, y así mejorar la oferta y reducir los precios en el mercado de arrendamientos.
Durante una entrevista en el programa radial Esto no tiene Nombre, Meléndez destacó la necesidad de realizar ajustes clave en el anteproyecto para evitar que su implementación tenga un efecto limitado en el mercado inmobiliario del país.
Meléndez identificó cuatro puntos críticos en el anteproyecto que, de no ser corregidos, podrían restringir el impacto positivo que se espera de la nueva legislación.
El primero de estos es la limitación de las causales para la terminación del contrato de alquiler. El texto actual solo prevé dos causales: el término del contrato y el uso ilícito del inmueble. Según Meléndez, es crucial incluir cláusulas que permitan la terminación del contrato por mutuo acuerdo entre las partes, una práctica común en otros contratos civiles y laborales.
En segundo lugar, Meléndez cuestionó la viabilidad de crear nuevos Juzgados de Paz Especiales exclusivamente para resolver conflictos de alquiler, sugiriendo que los juzgados existentes podrían manejar estos casos sin aumentar la burocracia estatal.
Además, expresó su preocupación por la figura del fiscalizador, introducida en el anteproyecto para la conciliación previa a la instancia judicial. Meléndez señaló que no se estipulan consecuencias claras en caso de incumplimiento de esta conciliación, lo que podría prolongar innecesariamente los procesos.
