El abogado Rigoberto Rosario cuestionó la legalidad de los contratos otorgados en 2021 por decreto presidencial para recuperar bienes y recursos del Estado relacionados con casos de corrupción.
Según Rosario, la existencia de esta comisión es ilegítima debido a su origen espurio. Durante su participación en el programa radial “Esto No Tiene Nombre”, el abogado argumenta que todas las instituciones del Estado ya cuentan con un consultor jurídico, y que en los casos de acción pública, el Ministerio Público (MP) debe ser el representante del Estado.
“Desde mi punto de vista, esta comisión no debería existir porque legalmente su nacimiento, su origen es espurio. Todas las instituciones del instituciones del estado tienen lo que se llama un consultor jurídico y en los casos de acción publica, el representante del estado lo es el MP”, dijo.
Rosario sostiene que los contratos en cuestión fueron otorgados sin ajustarse a la ley, con la intención de beneficiar a allegados al gobierno o funcionarios que desempeñaron trabajos políticos con el gobierno. Esto, según él, crea un claro conflicto de intereses. Explica que al contar el Estado con consultores jurídicos internos, la necesidad de contratar abogados externos es cuestionable y parece estar más orientada a favorecer a ciertos individuos cercanos al poder.
“A mi juicio eso obedece dar esos contratos, al margen de la ley con el criterio, con la intención, con la deliberación, de beneficiar a allegados al gobierno o funcionarios del gobierno a gente que hizo algún trabajo político con el gobierno y así sucesivamente.”
El abogado también critica la percepción de que la llegada al Estado es vista como una oportunidad para enriquecerse, y advierte que esto se refleja en la forma en que se han manejado estos contratos.
Rosario anticipó que en los próximos días presentará una impugnación de estos contratos ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), argumentando que su legalidad es cuestionable y que la relación de confianza con los abogados contratados es un mero disfraz para beneficiar a allegados del gobierno.
La postura de Rosario subraya un creciente debate sobre la transparencia y legalidad en la contratación pública y la gestión de recursos estatales, planteando interrogantes sobre el verdadero propósito detrás de estas decisiones gubernamentales.
