El Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Luis Abinader, sometió ante el Congreso Nacional la aprobación de la venta de inmuebles del Estado, mediante fideicomiso público “Fondo de Desarrollo de Infraestructuras”, con el objetivo de garantizar y promover una administración eficaz y transparente de esos activos.
Según explicó el ministro Joel Santos Echavarría, se trata de terrenos ubicados en distintos provincias, que corresponden a distintas instituciones del Estado, con un valor total estimado de 70,000 millones de pesos, cuyos recursos estarán destinados a la construcción de infraestructuras importantes.
La propuesta del Poder Ejecutivo contempla la designación de una comisión de veeduría, integrada por notables personalidades del país, la cual tendrá la responsabilidad de dar seguimiento al desarrollo del fideicomiso.
La comisión será responsable de vigilar, supervisar y asegurar la gestión correcta y transparente de los bienes transferidos.
La entrega fue realizada durante una visita al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, realizada por el ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, en compañía de Andrés van der Horst, vicepresidente ejecutivo de Fiduciaria Reservas.
En noviembre pasado, el primer mandatario acogió la propuesta de la Comisión Revisora de Contratos relativos a la disposición de terrenos propiedad del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), de que constituyera un fideicomiso público, por lo que emitió el decreto 581-23, a través del cual dispone la creación del Fondo de Desarrollo de Infraestructuras (FDI), que abarca la posibilidad de incorporar inmuebles de otras entidades del Estado.
La recomendación de esta comisión se produjo, luego de analizar exhaustivamente el estado de los terrenos del CEA que han sido objeto de procesos de venta irregulares, a los fines de asegurar una gestión adecuada y responsable de los mismos.
El Fondo de Desarrollo de Infraestructuras, es un fideicomiso público de desarrollo inmobiliario, administración, inversión, fuente de pago, garantía y oferta pública, que procura el desarrollo de infraestructuras en los sectores de transporte masivo, viviendas, agua y obras de alto impacto socioeconómico a nivel nacional.
El FDI está compuesto por el Estado dominicano, que actúa a través del Ministerio de la Presidencia, en calidad de fideicomitente y fideicomisario; y Fiduciaria Reservas, en calidad de fiduciaria.
El fideicomiso cuenta con un consejo técnico, el cual está integrado por los ministros de la Presidencia (presidente), Hacienda (miembro) y de Economía, Planificación y Desarrollo (miembro).
Este consejo es el encargado de fijar el precio de venta de los terrenos, cuyo valor mínimo lo determinará la Dirección General de Catrastro Nacional.
Su objeto es la gestión comercial y administración de los terrenos que sean identificados por el Estado dominicano para captar, gestionar, invertir, financiar y destinar los recursos obtenidos mediante la venta, alquiler y arrendamiento, con la finalidad de proveer las fuentes de financiamiento para el desarrollo de infraestructuras en los referidos sectores.
El ministro Santos Echavarría explicó que el propósito del FDI es la recepción del patrimonio de inmuebles identificados por el Estado, que no estén siendo utilizados de forma activa o que puedan ser empleados en actividades más productivas que generen mayor valor y empleomanía.
Para esto, mediante la gestión fiduciaria, los inmuebles serán saneados, deslindados, conservados, administrados y aprovechados, a través de su comercialización, mediante procesos transparentes y competitivos, para luego destinar los recursos obtenidos al desarrollo de infraestructuras públicas.
Como parte de los documentos contractuales depositados por el Poder Ejecutivo ante el Senado de la República para fines de autorización del Congreso Nacional, se incluye la relación detallada de 52 inmuebles aportados al Fondo de Desarrollo de Infraestructuras por diferentes entidades del Estado.
En una primera etapa son los siguientes: 18 fueron aportados por el CEA, con base en aquellas zonas ociosas o sin un uso actual; 26 a nombre del Estado dominicano, que fueron aportados por Bienes Nacionales; 2 inmuebles aportados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), provenientes de su patrimonio autónomo; y 6 por el Instituto Agrario Dominicano (IAD), consistentes en áreas que no están siendo dedicadas a actividades formales de producción agraria.
Los inmuebles están distribuidos en más de treinta municipios del país y en 19 provincias.
Por ahora, se ha analizado la viabilidad de estos 52 inmuebles, mientras continúan los estudios de prefactibilidad para valorar la futura integración de nuevos inmuebles.
Entre los considerandos del referido decreto se señala que es de interés público y social buscar el crecimiento económico, la generación de empleo y la mejora de las condiciones de vida de la población dominicana.
Además, que República Dominicana posee territorios con alto potencial de desarrollo
sostenible, atendiendo a elementos como la diversidad de sus municipios, la cultura de producción y la disponibilidad de espacios para el fomento de iniciativas de crecimiento y fortalecimiento de los sectores productivos, con el fin de generar en grandes dimensiones una política pública de inclusión social que pueda favorecer el desarrollo nacional.
