SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público avanzó el miércoles con la presentación de los testigos, como parte del juicio de fondo contra los acusados en el entramado de corrupción encabezado por Alexis Medina Sánchez, que defraudó al Estado dominicano con más de RD$5,000 millones, desmantelado mediante la Operación Antipulpo.
Durante la audiencia, el tribunal escuchó a Enlly Caridad Santos Ureña, quien reveló que se alteraron los datos de una auditoría financiera realizada en el Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas (Fonper) durante el período 2016-2017.
La testigo indicó que realizó el cambio a solicitud del entonces director del Departamento de Auditorías de la Cámara de Cuentas, Henry Batista, quien le dio la instrucción de cambiar la certificación por otra que ocultara las irregularidades detectadas, obedeciendo a supuestas órdenes del pleno de ese organismo de control, presidido en ese entonces por Hugo Francisco Álvarez Pérez.
Por lo que el informe final concluyó “sin anomalías”, con el objetivo de aparentar que todo estaba en apego a la norma.
Ambas actas, con fecha del 19 de marzo de 2019, fueron incorporadas como prueba por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Santos Ureña señaló ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que, aunque realizó los cambios requeridos por su supervisor directo al sentirse “acorralada”, procedió a guardar el acta que arrojaba las irregularidades, por no estar de acuerdo con alterar los resultados de la auditoría realizada.
Testimonio del exmiembro del Consejo de Directores del Fonper
Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional además escucharon a Rafael Gómez Medina, quien fungió como viceministro del Tesoro en el Ministerio de Hacienda, durante el período 2012-2020 y fue miembro del Consejo de Directores del Fonper.
El testigo Rafael Gómez Medina explicó que, al igual que otros miembros del Consejo, su función era “velar por el equilibrio de los recursos que le pertenecían al Fonper”, revisando los estados financieros de las empresas reformadas, dado que el Estado es accionista de esas empresas. Además, aclaró que el consejo no incidía en los procesos internos, como compras y contrataciones, y que ni siquiera conocieron a quiénes ganaron las licitaciones en el Fonper.
Dichas declaraciones van en consonancia a lo declarado por Rafael Paz durante su intervención. Así mismo, dejan en evidencia que la parte administrativa del Fonper era que tomaba las decisiones relacionadas a las compras y licitaciones, tal como ha indicado el Ministerio Público en la acusación que señala al expresidente de la entidad, Fernando Rosa y a la exvicepresidenta administrativa, Magalys Medina Sánchez.
Será el próximo lunes 8 de julio, cuando las juezas Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo continúen escuchando a los testigos del Ministerio Público, tras ser aplazada la audiencia por una emergencia que se le presentó a una paciente de la acusada Libni Araldi Valenzuela Matos.
