Santo Domingo.– El uso creciente de acuerdos de colaboración por parte del Ministerio Público con imputados en casos de corrupción ha generado controversia en la sociedad dominicana.
Por su parte, la procuradora general Miriam Germán Brito defendió la utilidad de este procedimiento, el cual permite obtener confesiones de culpabilidad, recuperar fondos sustraídos y lograr la cooperación de los imputados en las investigaciones.
Según el abogado Francisco Álvarez, si bien la legislación no es específica en esta materia, en los últimos 15 años se han realizado varios de estos acuerdos, algunos de los cuales ya han sido respaldados por los tribunales.
Álvarez explicó que el Ministerio Público considera que en ciertos casos algunos imputados pueden ayudar a esclarecer hechos y desmantelar redes criminales, crimen organizado y hasta corrupción, por lo que se les puede otorgar el “criterio de oportunidad”, es decir, renunciar a la acción penal a cambio de su colaboración.
No obstante, Álvarez señaló que esta práctica no es muy extendida en el país, pero que con el cambio de gobierno en 2020 se ha observado un mayor apoyo a este tipo de acuerdos, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, donde se resuelve alrededor del 92% de los casos de esta manera.
El Abogado explicó que, a diferencia del sistema estadounidense, donde los fiscales suelen “recomendar” una condena al juez sin garantía de que éste la acepte, en República Dominicana la decisión final sobre la pena recae directamente en el Ministerio Público.
Sin embargo, argumentó que los jueces dominicanos mantienen su potestad de revisar y aprobar o no estos tipos de acuerdos.
Álvarez reconoció que estos acuerdos generan debates relevantes, ya que si bien permiten una recuperación más rápida de fondos para el Estado, también pueden suscitar cuestionamientos éticos. Sin embargo, el abogado considera que, a medida que se gane más experiencia, se irá desarrollando una cultura de mayor colaboración en la sociedad dominicana.
Aún así señaló que la legislación dominicana aún carece de previsiones tan detalladas como en las leyes de los Estados Unidos sobre los parámetros y el grado de discrecionalidad que tienen jueces y fiscales en estos procesos.
