SANTO DOMINGO.- En interés de edificar a los medios informativos que nos están consultando sobre un comunicado conjunto de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) y la Asociación de Constructores de Viviendas del Cibao (Aprocovici), el Viceministerio de Gestión Ambiental plantea lo siguiente, siempre apegado a su compromiso de hacer cumplir la ley con su marco regulatorio y mantener sus actuaciones apegadas a la transparencia frente a toda la población, a las organizaciones ambientales y a la comunidad académica:
La evaluación de impacto ambiental es un requisito establecido en la Ley General de Medio Ambiente (64-00), cuya finalidad es prevenir, controlar y mitigar los posibles impactos sobre el medio ambiente y sus recursos naturales ocasionados por obras, proyectos y actividades. La ley indica cuáles proyectos y actividades deben ser sometidos a este proceso.
En la actualidad, y desde 2023, el ministerio viene desarrollando diversas iniciativas y acciones para fortalecer, simplificar y garantizar que estas evaluaciones sean emitidas de forma más transparente, con la menor burocracia y garantizando siempre el debido proceso. Esto ha incluido diagnósticos especializados, mesas de diálogo con diversos sectores públicos y privados, consultas públicas, que han derivado en actualización de tecnologías, reforzamiento de personal técnico y actualización de trámites.
En el marco del programa Burocracia Cero, se ha procedido a la digitalización y transparencia de los servicios públicos de la institución, contando con el apoyo de distintas entidades.
Esto implicó arduas rondas de trabajo de levantamiento de flujos y procesos vinculados a la expedición de las autorizaciones ambientales, a los fines de identificar aquellos pasos que resulten ineficientes y ralentizadores del proceso y con el objeto de simplificar y/o eliminar los mismos y, principalmente, atendiendo a las solicitudes y reclamos presentados por diversos sectores, siempre en ánimo de armonizar el desarrollo y crecimiento sostenible de República Dominicana. Estos trabajos resultaron, a modo de ejemplo, en una reducción palpable de 300 a 120 pasos del proceso de Evaluación Ambiental.
Respecto a las declaraciones de Acoprovi y la Aprocovici, es importante destacar que nuestros canales de comunicación institucionales se han mantenido abiertos, al igual que con otros sectores ambientales, sociales, académicos y empresariales, tanto desde el Despacho del Ministro como del Viceministerio de Gestión Ambiental y de la Dirección de Regulaciones Ambientales. Desde la unidad interna responsable del proceso de consulta pública del nuevo reglamento del proceso de evaluación ambiental se han recibido, respondido y atendido, en conjunto con el Viceministerio de Gestión Ambiental, los comentarios, dudas, consideraciones y ponderaciones expuestas tanto en reuniones presenciales o virtuales como de forma escrita, atendidas todas por este Ministerio.
Queremos reafirmar que la actual gestión del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales siempre ha dado respuesta a los requerimientos de los miembros de la Acoprovi y la Aprocovici respecto al proceso de Autorización Ambiental para nuevas obras, proyectos y actividades del sector construcción.
Además, en los trabajos relativos a la consulta pública abierta para el nuevo reglamento del proceso de evaluación ambiental hemos tomado en cuenta y ponderado muchas de sus recomendaciones y las de otras entidades del sector, de la comunidad ambiental y de la sociedad civil en general, tal y como lo permite nuestro ordenamiento jurídico, en virtud de nuestras competencias como órgano de la Administración Pública responsable del proceso de Evaluación Ambiental y del otorgamiento de autorizaciones ambientales, de conformidad con la Ley 64-00, los reglamentos ambientales vigentes y el principio de juridicidad que ordena la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Administración Pública núm. 247-12.
En adición, y atendiendo al compromiso asumido con la simplificación de los procesos, se realizaron informes diagnósticos por parte de consultores del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que dieron como resultado un plan de acción para la mejora de capacidades en el proceso de autorización, cuya implementación está siendo asumida por este ministerio con asistencia técnica del BID.
A partir de los análisis realizados, se inició hace varios meses el proceso de reforma regulatoria requerido para que los cambios en los procedimientos pudiesen ser incorporados al marco legal. Dicho proceso tuvo un amplio componente de consulta pública, en el cual directivos y miembros de la Acoprovi y la Aprocovici estuvieron participando desde un inicio.
Las fechas pertinentes son las siguientes:
- 1ra Consulta Pública (31 de agosto al 1ro de noviembre 2023).
- Extensión 1ra Consulta Pública (2 de noviembre al 16 de noviembre 2023).
-Talleres Presenciales (17,19 y 23 de octubre 2023).
-Mesa de Trabajo Sectorial – Sector Construcción Público-Privado (5 diciembre 2023). - 2da Consulta Pública (del 15 de abril al 15 de mayo 2024).
- Extensión de 2da Consulta Pública (16 de mayo al 24 de mayo 2024).
-Taller virtual abierto al público (23 de mayo 2024).
La propia Acoprovici está consciente de que la extensión al proceso de consulta pública se dio, en parte, como respuesta a su comunicación de solicitud de prórroga del 14 de mayo de 2024, lo que confirma que este ministerio siempre ha mantenido interés en escuchar a todos los actores de la sociedad dominicana. La Acoprovi ha remitido dos comunicaciones adicionales a la propuesta de Reglamento y Política de Gestión las cuales se encuentran en evaluación técnica.
Durante la Mesa Sectorial, celebrada el 5 de diciembre del 2023, se revisaron junto a los representantes de la Acoprovi cada uno de sus puntos de solicitud, incluyendo el que se crease una categoría especial “E” para proyectos en zonas urbanas, sobre la cual se solicitaba respuesta en 7 días calendario.
Les explicamos en una reunión que era administrativamente imposible comprometernos, en este momento, a una respuesta dentro de la misma semana, aunque trabajemos para hacerlo realidad. Sin embargo, se les informó y se plasmó en el borrador de reglamento que salió a segunda consulta que se podía crear un plazo especial con un compromiso de respuesta de 15 días laborables (no es necesaria una categoría, pues se trata de un solo tipo de proyecto) para las edificaciones en zonas urbanas.
En referencia a la Resolución 15, del 2016, les reiteramos que se aplica en cuanto a las volumetrías para las categorías. Su aplicación se ha ajustado al marco legal vigente y a la adopción de la plataforma digital en cuanto al procedimiento.
Como es de conocimiento del sector construcción, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha implementado desde hace 10 meses cambios en nuestro sistema de solicitudes de Autorizaciones Ambientales, implementado un nuevo sistema digital que hace que el usuario interactúe con nosotros de manera electrónica los 7 días de la semana y las 24 horas del día.
En la implementación de esta plataforma hemos estado de la mano con el sector privado, incluyendo directivos y miembros de la Acoprovi y la Aprocovici. Desde el inicio de ésta, hemos ofrecido canales directos de comunicación, realizado múltiples webinars para explicar su funcionamiento y siempre hemos dado seguimiento a los casos de manera directa.
La implementación de la plataforma nos garantiza un proceso más ágil, transparente y trazable, minimizando las brechas para conductas inadecuadas o para la corrupción privada o administrativa. Sabemos que todo nuevo sistema tiene su curva de aprendizaje y que, por consiguiente, se pueden presentar retrasos y situaciones en algunos casos particulares. Aún así, el tiempo promedio de respuesta para categoría D (CRIM) es de 45 días, jamás de 6 a 10 meses como se plantea en el comunicado de la Acoprovi y la Aprocovici que leímos en la prensa.
Como estamos implementando nuevos procesos digitales, trabajamos de la mano con los distintos sectores y, en el caso específico de la construcción y de la Acoprovi, con la que siempre hemos trabajado de la mano, cada semana actualizamos una revisión de sus casos e interactuamos para dar seguimiento a sus solicitudes.
A mediados de abril se nos comunicaron 36 casos concretos, de los cuales 9 son minas cuyas licencias fueron anuladas en el año 2017 y, por lo tanto, se encuentran en una situación legal distinta a las demás solicitudes. De las 27 restantes, 11 ya están concluidas, 10 están a la espera de información por parte del usuario y solo 6 continúan en proceso de evaluación.
Parte de la búsqueda de mayor pulcritud y cumplimiento legal en el procedimiento ha sido el garantizar que los proyectos cumplan con los requerimientos de documentación legal al momento de realizar la solicitud, una medida que garantiza nuestra seguridad jurídica como país, las propias inversiones de los promotores y de las familias que invierten en sus proyectos.
Debemos referirnos nuevamente a la solicitud de que se otorgue un permiso provisional o de inicio de obra, porque sería contrario al artículo 40, de la Ley 64-00, el cual es categórico al indicar que el proceso de Evaluación Ambiental debe ser previo al inicio de la obra, proyecto o actividad.
Es por esto que nuestros esfuerzos se han centrado en minimizar el tiempo de trámite para los proyectos de bajo o mínimo impacto, de forma tal que pueda responder a la necesidad de desarrollo de la sociedad sin violar la ley, ni los objetivos de sostenibilidad que persigue el Gobierno dominicano. Además de ampliar nuestros equipos técnicos, una de las medidas que hemos tomado es el establecimiento de una unidad para trabajar exclusivamente con edificaciones en zonas urbanas, la cual comenzó a operar el pasado mes.
Finalmente, queremos reafirmar a toda la sociedad que nos reiteramos dispuestos a mantener una comunicación abierta, con canales de atención especializados, con todos los sectores porque, al fin y al cabo, nuestra misión es brindar servicio eficiente y transparente a la ciudadanía, protegiendo los recursos naturales como un patrimonio colectivo con el que todos tenemos la obligación de relacionarnos dentro de una cultura que apueste a la sostenibilidad.
