Santo Domingo, D.N. El ex Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez presentó finalmente su defensa material ante el Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, después de 1,070 días privado de libertad, desmontando todas y cada una de las falsas acusaciones de la Procuraduría, para así cerrar la etapa preliminar del proceso donde el Tribunal decidirá si envía el caso a juicio de fondo de manera total o parcial o si en buena justicia dicta un acto de no ha lugar dando fin a la persecución y venganza.
Durante la primera parte de su intervención expresó que “este proceso ha sido llevado, desde antes de iniciar, como el proceso más vengativo y violatorio a los derechos humanos y al debido proceso de nuestra era democrática”. Son más de 30 los incidentes planteados que anulan la acusación ante las tantas violaciones que fueron evidenciadas y desmontadas con más de 1,000 pruebas a descargo.
Durante la audiencia, demostró que las acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de activos nunca sucedieron ya que además de no existir pruebas en su contra, posee las mismas propiedades previo a ocupar la posición y que las únicas 2 propiedades que aparentan ser nuevas, fueron adquiridas vendiendo 2 propiedades previas, declaradas y adquiridas de forma transparente y oficial con su puño y letra.
También evidenció que lo habían acusado de comprar propiedades durante el periodo 2016-2020, presentando certificados de títulos, cheques y transferencias que demostraban que habían sido adquiridas 10 años y 20 años antes de ocupar la posición, todo lo cual fue reforzado con pruebas irrefutables de dos peritos, uno de ellos designado por el juez, quienes certificaron que todos sus ingresos estaban correctamente identificados, sin enriquecimiento ilícito ni lavado de activos, lo que tampoco la Procuraduría pudo controvertir.
También demostró al juez el uso de la justicia como herramienta política por la Procuraduría y que además lo acusan de recibir contribuciones de campaña, demostrando que fueron otras las personas que eventualmente las recibieron y que se encargaban del tema político mientras él era procurador, además de que todos los suplidores habían ganado las licitaciones con las ofertas más económicas, descartando el soborno en su contra, sin existir además un solo sobornante en el expediente acusatorio.
Asimismo probó al Juez que el órgano constitucional y único responsable de determinar si sus acciones fueron legales o no, el Consejo Superior del Ministerio Público, aprobó y ratificó los actos, gestiones, ejecuciones y operaciones llevadas a cabo durante el periodo 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, y otorgó descargo completo, absoluto y definitivo, tan amplio como en derecho fuese necesario al considerarlos completamente dentro del marco de la ley, lo que tampoco pudo ser negado ni contestado por la Procuraduría.
Continuó diciendo al Juez que “tiene en sus manos aceptar o no que el ejercicio político permita el ataque indiscriminado a personas inocentes y si lo permite, terminará provocando y alejando de la política las personas íntegras que pudieron participar y tratar de hacer la diferencia.”
