Con sus acciones, las compañías involucradas pusieron en peligro parte de las torres de la
autopista eléctrica de 345 mil KVA.
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Procuraduría Especializada
para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren)
detuvo las operaciones de extracción de agregados que realizaban las empresas Alba
Sánchez y CAEI-Industrias Bisonó en la comunidad de Lucas Díaz, del municipio
de Yaguate, San Cristóbal, por la violación a las disposiciones de la Ley General de
Medio Ambiente (64-00).
Durante la intervención, encabezada por el procurador titular de la Proedemaren,
Francisco Contreras Núñez, se pudo comprobar que las operaciones de estas
empresas arriesgaban la seguridad nacional, al poner en peligro parte de las Torres
de Transmisión Eléctrica de 345 mil KVA.
En el operativo, en el que también participaron personal del Servicio Nacional de
Protección Ambiental (SENPA), Milton Martínez, de la Comisión Ambiental de la
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y de la Fundación de Derecho,
Defensa y Educación Ambiental de la República Dominicana (FUDDEA-RD), los
responsables de estas granceras no pudieron mostrar de forma física los permisos de
operación emitidos por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(MIRENA).
A través de las labores de explotación indiscriminada y sin criterios
medioambientales, las empresas han afectado severamente las bases que soportan
partes de las torres de la autopista eléctrica.
Martínez, del equipo de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de
Santo Domingo, indicó que es urgente la intervención de la Empresa de Transmisión
Eléctrica Dominicana (ETED) en la zona objeto de la investigación, donde se
encontró la afectación a las Torres de Transmisión Eléctrica, porque de producirse
un nivel elevado de lluvias es muy alto el riesgo del colapso de estas.
Por su parte, Contreras fue enfático al señalar que la Proedemaren está vigilante con
todos aquellos que infrinjan la normativa ambiental en el país y advirtió que
continuará a nivel nacional con las supervisiones de las granceras sin permitir que
los ríos, sus franjas ribereñas o sus llanuras de inundación, se conviertan en zonas
de depredación ambiental con la extracción inmisericorde de agregados.
