El Consejo de Defensa de Jean Alain Rodríguez manifestó ante el Tribunal que la acusación preparada por los fiscales actuantes en el caso Medusa será anulada “porque así lo ordena la ley cuando se evidencia relación laboral, conflicto de intereses, enemistad, odio o resentimiento de los fiscales y una de las partes”.
Señala que de acuerdo al Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público les prohibía de forma tajante en sus artículos 78 y 90, así como en los artículos 80, 81, 82 y 91, respectivamente, que los fiscales participaran en el caso del exprocurador por “tener una relación laboral”; “tener interés en la investigación o proceso”; “haber aceptado servicios o beneficios”; “retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos a su cargo”; “trato irrespetuoso, agresivo, desconsiderado u ofensivo”; o cuando exista “enemistad, odio o resentimiento”.
De acuerdo con los abogados, todas estas situaciones están presentes en este caso.
Yeni Berenice, Wilson Camacho y otros 19 fiscales que armaron el expediente de la operación Medusa “tuvieron una innegable relación laboral con Jean Alain Rodríguez, pero además de eso, tampoco podían participar en la investigación porque lo habían llevado a la justicia por un concurso de fiscales. Por igual, aceptaron beneficios, pagos de boletos aéreos, fondos operativos, vehículos, seguridad, y dietas, lo que conforme la ley también los obligaba a apartarse de la investigación”, destaca la defensa.
Asimismo, “ocultaron y retrasaron la entrega de documentos que tenían en su poder y nunca disimularon el odio, la enemistad y el resentimiento, que es la causa legal más grave que les prohibía investigarlo, al grado de llamarlo en los medios de comunicación, entre otros epítetos -narcisista y terrorista”-.
En un comunicado de prensa, los abogados de Jean Alain recordaron que Berenice expresó en audiencia pública que disfrutaría su prisión más que “una victoria de las águilas al Licey” y confesó el 24 de noviembre del 2023 en sede del Mirex que el exprocurador la habría intimidado y chantajeado cuando estaba en funciones.
“Estos fiscales nunca debieron investigarlo porque la ley se los prohibía y se lo advertimos recusándolos en 4 ocasiones, solicitándoles que conforme lo establece la ley 133-11 debían designar abogados neutrales como acusadores, y ahora el único remedio legal es la nulidad de la acusación o en su defecto excluir todos los actos en los cuales estos 19 fiscales participaron”.
