El Juzgado de la Instrucción de este distrito judicial impuso, como medida de coerción, la presentación periódica a un segundo hombre a quien el Ministerio Público le atribuye la venta ilegal de los fuegos artificiales que provocaron quemaduras a alrededor de dieciocho personas, incluidas 11 menores de edad, durante la celebración del carnaval Salcedo, el pasado domingo 10 de marzo.
La medida fue impuesta por la jueza Yudelka de León, en contra de Guillermo García Perdomo, quien deberá firmar un libro récord ante el fiscal investigador una vez al mes durante los próximos seis meses, por los hechos que se le imputan.
En la solicitud de medidas de coerción presentada por el Ministerio Público se establece que en fecha 10 de marzo, siendo aproximadamente las 4:00 de la tarde, en la calle Pascasio Toribio Piantini, del referido municipio, mientras se llevaba a cabo el cierre del carnaval de Salcedo, el nombrado Elvis Miguel Santos de Jesús, quien se encuentra bajo arresto domiciliario, detonó unos fuegos Artificiales sin la debida precaución, provocando que se incendiaran los disfraces del grupo de carnaval Los Toros, quienes se preparaban para su espectáculo de salida de la Cueva de Macarao.
Asimismo, el Ministerio Público indica que, durante el proceso que se ha desarrollado hasta ahora, se pudo constatar que en el negocio propiedad de García Perdomo, se compraron los fuegos artificiales.
El escrito de solicitud de medidas de coerción añade, que el imputado García Perdomo, sin la debida autorización, violentado las normativas que regulan la comercialización de estos productos, vendió la caja del material pirotécnico que explotó, provocando en las víctimas quemaduras de segundo y tercer grado en diferentes partes de su cuerpo, sumando cinco las víctimas mortales y otros continúan en estado crítico.
En un comunicado de prensa, el Ministerio Público expresó que sometió a la acción de la justicia a García Perdomo por violación de los artículos 19, 20, y 24 de la Ley 340-09 para el control y regulación de productos pirotécnicos en el país, en perjuicio de las víctimas y el Estado dominicano.
