"El Centro Juan XXIII solicita la modificación inmediata de la ley 1-24  que crea la Dirección Nacional de Inteligencia”

"El Centro Juan XXIII solicita la modificación inmediata de la ley 1-24  que crea la Dirección Nacional de Inteligencia”

El Centro Juan XXIII solicita al Congreso Dominicano la modificación inmediata de la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia por considerarla lesiva al interés nacional.

“Reconocemos la necesidad de mejorar los mecanismos de control y articulación de los órganos de inteligencia del Estado, a fin de garantizar de forma más efectiva los derechos de la ciudadanía. Por esto, entendemos prudente la creación de una nueva entidad que agrupe estas instancias”.

Sin embargo, la recién aprobada Ley 1-24 crea una concentración del aparato de inteligencia dominicano sin asegurar el respeto de los derechos y las garantías constitucionales de las personas. Al momento de la aprobación de la Ley el Presidente habló de buscar el consenso de las demás fuerzas políticas y sociales a fin de atender las objeciones levantadas. Sin embargo, a la fecha no se ha presentado un proyecto de modificación en el Congreso Nacional. 

Es preciso entender que la representación política no es el único mecanismo de representación social. Por ende, el mero cumplimiento del proceso legislativo no es suficiente para que la sociedad acepte una Ley que procura vulnerar los derechos y las garantías constitucionales. Más aún en el caso presente, donde el proceso legislativo que dio génesis a la referida Ley 1-24 dejó mucho que desear.

En este sentido exhortamos vehementemente tanto al Congreso como el Poder Ejecutivo, como líder del partido que tiene mayoría en el Congreso, de actuar con urgencia en la modificación sustancial de la Ley 1-24, y de esta forma cumplir con su juramento de hacer respetar la Constitución de la República Dominicana. Por demás, dado el proceso electoral en el que nos encontramos actualmente inmersos, el liderazgo esperado se hace indispensable.

“Reiteramos que la existencia de la Ley 1-24 en su actual versión pone en riesgo la seguridad jurídica del pueblo dominicano y todas las conquistas políticas que han sostenido nuestro actual Estado de derecho desde el período dictatorial, y por lo tanto, debe ser modificada de forma urgente”.