El abogado de la defensa de las víctimas del accidente Bávaro-Punta Cana, registrado el 6 de octubre de 2022, demandó de las autoridades judiciales llevar el caso hasta las últimas consecuencias a fin de mantener el clima de seguridad jurídica e inversión en la República Dominicana.
Carlos de Jesús, experto en litigio civil, se refirió al caso que consternó a la sociedad y que dejó un saldo de cinco turistas muertos y 47 heridos, muchos de ellos sufrieron desmembramientos, mutilaciones y otros daños de gravedad. Cuestionó que hasta la fecha no existe una respuesta jurídica concreta que establezca el resarcimiento que merecen las víctimas.
El integrante de la oficina jurídica Carmen Herrera y Asociados advirtió que de no prosperar una sentencia que establezca una condena ejemplar por el citado caso judicial, en la República Dominicana se afectaría el clima de inversión que tiene el país debido a que no se puede hablar de seguridad jurídica sólo cuando está vinculada al empresariado.
El abogado destacó que el caso ha tenido retrasos por tecnicismos y que hasta la fecha las víctimas y sus familias no han sido resarcidas por los gastos económicos incurridos tras el trágico accidente.
Recordó que muchos turistas resultaron con lesiones permanentes, que han tenido que incurrir en muchos gastos médicos y que también los afectados sufrieron problemas de salud mental por el impacto que les ocasionó el incidente.
El experto en derecho recalcó que las investigaciones preliminares realizadas por el Ministerio Público determinaron que el conductor del vehículo se encontraba en un estado de intoxicación, lo que motivó que originalmente le fuera impuesta la prisión preventiva como medida de coerción.
Se refirió a Franklin Nin Pérez, chofer del autobús accidentado, el 6 de octubre de 2022, en el Boulevard Turístico del Este.
De Jesús, al ser entrevistado por el periodista Elvis Lima, en el programa televisivo Fuera de Récord, manifestó que la posterior variación de la medida de coerción impuesta en principio que le permitió al chofer conocer el proceso en libertad “chocó” a las víctimas involucradas.
Expresó que no se presentaron elementos nuevos que sustentaran la variación de la medida de coerción y que la Suprema Corte de Justicia ha establecido que también se debe tomar en cuenta el impacto social de un hecho al momento de establecer una decisión como esa, lo que tampoco fue considerado.
“Estamos frente a un caso que consternó a la sociedad dominicana. Esto no va en consonancia con garantizar la seguridad jurídica de las personas que vienen a conocer la República Dominicana, de los turistas y de los que vienen aquí con fines de inversión”, analizó.
Informó que como abogado de la defensa de las víctimas está accionando en los tribunales en contra del conductor y de las empresas civilmente responsables, que afirmó son la compañía transportista y el tour operador.
Lamentó que hasta la fecha no se ha producido ningún acercamiento de quienes, entiende, tienen responsabilidad sobre el hecho debido a que no han demostrado un interés real de resarcir a los afectados por los daños causados y cuestionó, que, al parecer, están jugando al olvido.
