A raíz de la reciente sentencia parcial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) a favor del menor JC, a quien se le negara derecho a reinscripción en el Carol Morgan School, sus padres han interpuesto un recurso de casación ante el mantenimiento de la “pretensión indemnizadora” y la demanda de responsabilidad patrimonial frente al Ministerio Público, por daños y perjuicios lesivos contra la salud integral del niño, ocasionados durante la gestión de Jean Alain Rodríguez en la Procuraduría General de la República (PGR).
El argumento presentado por los tutores del menor sostiene que la prevista demanda ante la TSA “hubo de ser parcialmente acogida en su forma”, para ordenar la readmisión de su hijo casi 4 años después en el citado colegio, pero negándose específicamente la indemnización planteada, lo cual consideran “no es suficiente”, para reparar los daños morales y emocionales que ha sufrido su vástago, quien además es un infante sobresaliente y estudiante meritorio.
Dicha sentencia número 0030-02-2023-SSEN-00726 ordenó al Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, realizar todas las medidas necesarias, a los fines de que el menor de edad sea readmitido en el mencionado centro educativo, sin embargo declaró el proceso “libre de costas”, tratamiento que ha sido calificado como “injusto” por la familia, debido a que durante este tiempo, también su salud ha sido afectada.
En tanto, a través del recurso de casación presentado como nuevo mecanismo de defensa ante la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, los representantes sus legales completan la instrucción del proceso conforme artículo 69 de la Constitución, en cuanto al fondo, comprobar y declarar que el Ministerio Público actúo de forma “antijurídica”, vulnerando los derechos y principios fundamentales, obstaculizándose su pleno goce y ejercicio en perjuicio principal del menor, mediante la imposición de una medida “arbitraria e injusta”, sustentadas en las comunicaciones de fecha 20 de febrero y 17 de abril de 2019, suscritas por el procurador Luis González, las cuales impidieron su re-inscripción escolar en el precitado colegio CM para el período 2019-2020.
La demanda de responsabilidad patrimonial contra el MP está sustentada en los principios de igualdad y derechos fundamentales previstos en el Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y el principio de interés superior del niño establecidos en la Constitución, así como en la Convención Americana de los Derechos Humanos, la cual prohíbe la discriminación “por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, nacimiento, opiniones políticas o cualquier otra índole de origen nacional o social”. (Art.1, 1969).
Antecedentes
Además de la sentencia del TSA, existe otra decisión dictada por el Tribunal Constitucional de la República (TC/0239/21), mediante la cual se refirió al caso del menor JC, acogiéndose un recurso de amparo interpuesto por sus padres y ordenando su readmisión en el colegio y declarando la nulidad de las indicadas actuaciones del Ministerio Público.
Se recuerda también que, la actual procuradora general de la República, doctora Miriam Germán se había pronunciado sobre las indicadas actuaciones de ese órgano durante la gestión de su antecesor, “admitiéndose la medida injusta y arbitraria”, dejándolas sin efecto por consideradas contrarias a la Constitución y a los derechos del menor.
