El presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social (FEJUS) dijo que es «preocupante» la situación que por año viene arrastrando la justicia en cuanto a la mora judicial, la falta de cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional, la cultura de la impunidad lo cual se traduce en una denegación de justicia a cientos de dominicanos que reclaman que se les garantice sus derechos.
Su representante Fidel Lorenzo Merán, sostuvo que la principal calamidad que ha sufrido el sistema de administración de justicia ha sido la mora judicial, cuando se trata de casos relacionados a los derechos humanos y laborales, la propiedad intelectual, la protección del medio ambiente y los recursos naturales.
En otro aspecto, Lorenzo Merán rechazó la acción realizada por el Tribunal Superior Electoral en relación a las acusaciones de fraude en las elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) que suspendió, provisionalmente, los efectos de la juramentación de Trajano Vidal Potentini como presidente del gremio.
“El conflicto generado en el Colegio de Abogados no ha cuestionado el proceso electoral, ni el escrutinio, ni las votaciones individuales, tampoco los resultados por candidatos. Lo que realmente está en litigio es la validez de dos alianzas concertadas por un candidato con dos sectores diferentes.”
Fidel Lorenzo mostró rotundo rechazo a la decisión del TSE, que a su juicio no es competente de acuerdo a las leyes y la Constitución para tratar el conflicto existente en el CARD, por lo que espera que otro tribunal, apoderados, decida conforme a las pruebas aportadas, luego de un examen profundo y razonado, sobre la legitimidad o no de los diferentes pactos, y buscar solución al impase que mantiene al Colegio de Abogados en una aguda crisis interna.
La FEJUS espera que la justicia cumpla su misión en cuanto a «tareas pendientes» abordar el problema de la sobrepoblación de los recintos, dignificar el sistema penitenciario. Trabajar de manera permanente el aspecto de la dignidad del ser humano y las garantías de los derechos fundamentales para todas aquellas personas privadas de libertad.
