Director del Observatorio de Educación denuncia presunta irregularidad en contrato asignado por INAFOCAM

Director del Observatorio de Educación denuncia presunta irregularidad en contrato asignado por INAFOCAM

Santo Domingo.– El director del Observatorio de Educación, Juan Valdez, realizó una denuncia sobre una presunta irregularidad en la asignación de un contrato por parte del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM).

Según la denuncia, el pasado 30 de noviembre, el INAFOCAM habría otorgado un contrato a la Universidad Abierta para Adultos, propiedad del Ministro Ángel Hernández y de su familia, por un monto de TRECE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS (RD$13,290,000.00), utilizando fondos del presupuesto del 4% destinado a la educación.

Valdez señala que esta asignación de contrato constituye una falta grave a la Ley de Función Pública 41-08 y una violación flagrante al Artículo 14 de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas. Según la ley mencionada, está prohibido que los funcionarios públicos y sus empresas contraten con el Estado. En este caso particular, el contrato se realizó a través del INAFOCAM, una entidad dependiente directamente del Ministerio de Educación, cuyo Consejo Directivo es presidido por el Ministro Ángel Hernández.

Esta denuncia plantea serias interrogantes sobre posibles conflictos de interés y falta de transparencia en la asignación de contratos en el ámbito educativo. Valdez exige una investigación exhaustiva sobre esta situación y llama a las autoridades competentes a tomar las medidas necesarias para garantizar la legalidad y la ética en los procesos de contratación pública.

Hasta el momento, no se ha emitido ninguna declaración por parte del Ministro Ángel Hernández ni del INAFOCAM en respuesta a estas acusaciones.

El Observatorio de Educación, junto con otras organizaciones y ciudadanos preocupados por la transparencia en el sistema educativo, estarán atentos al desarrollo de esta situación y continuará vigilante para garantizar que se respeten los principios de legalidad y equidad en la asignación de contratos en el ámbito de la educación.