Santo Domingo.- Un panel de juristas que analizó la situación de la seguridad jurídica en el país, tras la experiencia del fraude contra la empresa Costa Dorada, advirtió que hay un fallo de origen de las instituciones llamadas a garantizar la propiedad privada, y una lentitud de la justicia que beneficia a los acusados.
Ignacio Miranda, representante legal de los querellantes; y los expertos en derecho civil y comercial Jaime Senior y Lucy Objío participaron en el panel Seguridad Jurídica: La experiencia Costa Dorada, moderado por el periodista Francisco Tavárez. El debate fue transmitido por el programa El Demócrata TV, de Teleradio América, canales 12 y 45.
Las familias Mayol y Serrano son afectadas por un grupo de personas que usó documentos falsos para despojarlas de sus acciones en la sociedad Costa Dorada, y con ello de más de 6,3 millones de metros cuadrados de terrenos costeros en Baní. El fraude, descubierto en 2013, además de numerosos contratos falsos y la sustitución de los dueños de acciones, también incluye registros en la Cámara de Comercio y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Al respecto, el abogado Miranda citó que, desde la demora en la Suprema Corte de Justicia al enfrentar recusaciones de los imputados, hasta la exclusión injustificada de partes querellantes en instancias inferiores, se ha obstaculizado la búsqueda de verdad y justicia durante mucho tiempo.
Miranda, litigante en temas económicos, civiles y comerciales, especialista en derecho procesal penal y derecho agrario, proclamó que no es posible que se siga siendo testigo de que el sistema de justicia colabore con la impunidad.
Puntualizó que el sistema no tiene la intención de conspirar, pero si las partes no juegan su rol, en el momento que tiene que hacerlo, posiblemente sea más peligroso que los mismos delincuentes.
“Si me dijeran que hiciera una novela sobre cómo se dañan derechos, yo no fuera tan creativo como ha sido la realidad. En este caso, la realidad supera la imaginación”, indicó el experto en leyes.
Los representantes de los querellantes, dijo Miranda, han informado en tres ocasiones por escrito a los jueces del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que deben esperar los resultados de los recursos de apelación antes de conocer el juicio que está programado para el martes 28 de este mes.
“Cuando tenemos a jueces que manejan casos importantes, casos grandes, casos complejos y no tienen una visión jurídica integral y un conocimiento amplio de las diferentes áreas del derecho que están vinculadas con el proceso penal en concreto, tenemos una justicia deficiente”, sostuvo Miranda.
Un fraude burdo
El abogado Senior planteó la necesidad de indagar la responsabilidad de las autoridades en este caso, además de las personas involucradas, que permitieron este tipo de situación que afecta y lesiona la seguridad jurídica dominicana.
El también ex presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), consideró que no se puede decir que hay una plena seguridad jurídica en el país si no existe una respuesta adecuada y a tiempo de las instituciones públicas y de la justicia ante un evidente fraude. Cree que alargar los procesos de una forma inaudita e inesperada es un abuso de derecho, que victimiza a las personas afectadas con su propiedad dos veces, al ser despojadas de ellas y luego, por la demora judicial.
“Es necesario que, desde la Justicia, desde arriba hasta abajo conozca estos casos de una manera diáfana”, manifestó Senior, quien es socio en Headrick Rizik Álvarez & Fernández, con alto conocimiento en derecho civil, comercial y societario en general.
Abuso de derecho
En tanto, Lucy Objío opinó que en el caso Costa Dorada hay mucho abuso de los artilugios jurídicos para que el proceso dure muchos años o desencantar a los propietarios.
Objío, quien es socia en el bufete de abogados Pellerano & Herrera, con más de 18 años de experiencia, se especializa en diversas áreas legales. Su carrera abarca litigios civiles, derecho comercial, laboral, constitucional, propiedad intelectual, entre otros. Reconoció que el Poder Judicial y la Escuela Nacional de la Judicatura han hecho grandes aportes, pero dejó claro que en el caso de Costa Dorada hay situaciones procesales que debieron ser subsanadas de manera simple, y no caer en los retrasos.
Expuso que la instituciones que se dedican a transferencia y registro deben tener un papel más activo en la fiscalización que se le somete y cuando el caso llegue a los tribunales, tienen que hacer su rol, no solo de impartir justicia, sino también hacerlo de acuerdo a ley y en un tiempo prudente, para que no sea retardada.
“Hay situaciones que no están acorde con la normativa de la jurisprudencia…y esto debe investigarse y abrir las investigaciones correspondientes y finalmente tiene que haber un régimen de consecuencias”, añadió.
