Santo Domingo.- El vocero de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, criticó este jueves la renegociación del contrato con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom).
Asimismo calificó como un crimen de lesa patria para el país entregar seis aeropuertos en 2060 al sector privado.
“Nosotros entregar seis aeropuertos es un crimen de lesa patria. Para nosotros los aeropuertos es un tema de soberanía nacional, y lo vamos a defender en todo los escenarios. Nos toca a nosotros defender la patria y la soberanía nacional. Los aeropuertos nunca como ahora dejan beneficios al Estado si nosotros somos los que lo administramos”, expresó el legislador.
Al ofrecer una rueda de prensa desde su oficina senatorial, indicó que quienes ratificaron el contrato que se suscribió en el 1999, fueron los dirigentes del PRM Milagros Ortiz Bosch y Ramón Alburquerque.
Se recuerda que el presidente de la República, Luis Abinader anunció este martes la renegociación del contrato de concesión del Estado con la empresa Aerodom, que administra seis aeropuertos, operación que beneficiará al país con sumas de entre US$1,905 millones y US$2,155 millones, de los cuales US$755 millones se recibirán en los próximos seis meses.
El gobernante dijo, en un mensaje difundido por sus cuentas en las redes sociales, que las negociaciones con la empresa garantizan una mayor participación del Estado en los beneficios generados por la operación de los aeropuertos.
Explicó que la renegociación del contrato se depositará en el Congreso Nacional, para su conocimiento y eventual aprobación.
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, nombre oficial de Aerodom, tiene bajo su concesión y administración el Aeropuerto Internacional de Las Américas y el Joaquín Balaguer, ambos en Santo Domingo. También, el Gregorio Luperón, en Puerto Plata; María Montez, en Barahona, así como el presidente Juan Bosch y Arroyo Barril, ubicados en Samaná.
El contrato del Estado dominicano con Aerodom entró en vigor en 1999 y su duración se extiende hasta 2030, afirmó Abinader, quien reveló que los 775 millones de dólares representan un pago inicial por el derecho de la empresa a la extensión del plazo de la concesión, el cual no especificó.
