La Comisión creada por el presidente Luis Abinader para revisar los contratos sobre ventas de terrenos propiedad de los ingenios del Estado suscritos entre el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y particulares y, después de un ponderado trabajo de análisis sobre el destino de este importante ente estatal acreedor de miles de tareas en distintas partes del país, ha llegado a la conclusión de recomendar al Poder Ejecutivo la creación de un fideicomiso público a los fines de una administración eficaz y transparente de esos activos.
Tras evaluar la delicada situación del CEA, la comisión emitió la resolución número 01-23, mediante la cual establece que existe una imperiosa necesidad de realizar un proceso de regularización de los terrenos, así como de efectuar una verdadera depuración de los contratos de venta de inmuebles realizados por CEA en diferentes períodos.
“Los terrenos propiedad del CEA constituyen un patrimonio del pueblo dominicano, siendo obligación del Estado y sus administradores velar por el buen uso de los mismos y el cumplimiento de los acuerdos y convenciones ejecutados sobre estos, implementando políticas de eficientización y transparencia en los procesos de recuperación de sus recursos”.
La Comisión propone que la recuperación del patrimonio del CEA, sea “adecuadamente empleado en la ejecución de planes y proyectos del alto interés general de la nación, promoviendo su desarrollo y dirigidos a mejorar la vida del pueblo dominicano, lo que consideramos posible alcanzar mediante la garantía que ofrece la creación del sugerido fideicomiso público”.
Esta comisión fue creada por el presidente Luis Abinader mediante el decreto número 273-23 del 27 de junio del 2023. Está integrada por Enriquillo Reyes (presidente); el director ejecutivo del CEA (vicepresidente); Yolanda de la Cruz Vargas (secretaria); así como por Fidias Aristy Payano, Francisco Torres, Fabio Cabral Valenzuela y Víctor Sánchez.
Los integrantes de la comisión consideraron que la ley 28-23 sobre fideicomisos públicos, promulgada el pasado 17 de marzo del 2023, deja claramente establecido: “Que la figura jurídica del fideicomiso constituye una herramienta de gran utilidad y funcionalidad para la estructuración y desarrollo de proyectos de inversión pública, la administración de recursos públicos, la ejecución de infraestructuras públicas y la prestación de servicios de interés colectivo”.
En tal sentido, la valoran como una legislación moderna que constituye un importante referente dirigido a fortalecer la seguridad, confiabilidad y transparencia en el manejo de los bienes públicos transferidos a patrimonios fideicomitidos.
Esta Comisión recomienda, además, que para proteger a familias de bajos ingresos que son adquirientes de pequeñas porciones de terrenos del CEA que no excedan los 500 metros cuadrados sean exonerados de lo que hasta ahora adeudan por la compra y que el Poder Ejecutivo los dote de sus títulos de propiedad definitivos.
Entre los considerandos de la resolución emitida por esta comisión se destaca que a pesar de que en fecha 27 de septiembre del año 2016, fue emitido el decreto 268-16, el cual prohíbe que se puedan realizar operaciones inmobiliarias de cualquier naturaleza con los bienes del CEA, en la práctica sí fueron realizadas cientos de transacciones inmobiliarias.
Valoraron, además, que no obstante el esfuerzo realizado por el actual gobierno para lograr un verdadero saneamiento de los activos del Estado, dado el elevado número de recursos y contratos en revisión, de venta de terrenos, “resulta sumamente difícil elaborar un inventario de las propiedades del CEA, así como el uso o destino de sus terrenos, toda vez que, de conformidad con datos obtenidos recientemente, ascienden a decenas de miles los expedientes que reposan en los archivos de la Dirección Inmobiliaria del CEA”.
