La Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP) es un órgano constitucional del sistema de justicia dotado de autonomía administrativa y funcional, que tiene por finalidad garantizar la tutela efectiva del derecho fundamental a la defensa en las distintas áreas de su competencia. El servicio de Defensa Pública se ofrece en todo el territorio nacional atendiendo a los criterios de gratuidad, fácil acceso, igualdad, eficiencia y calidad, para las personas imputadas que por cualquier causa no estén asistidas por abogado.
El servicio que presta a toda la sociedad ha sido reconocido como de alto interés, especialmente para los sectores sociales populares, por constituir una acción que evidencia la voluntad y compromiso del Estado de garantizar los derechos ciudadanos en el sistema de justicia.
A la luz de la importante labor que realiza esta entidad, a la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) le ha parecido muy preocupante que la Defensa Pública no cuente con los recursos que son indispensables para su correcto funcionamiento, acorde con el mandato de la Constitución y las leyes que lo regulan.
La Ley 366-22de presupuesto general del Estado para el ejercicio presupuestario del 2023, aprobó una asignación presupuestaria para la ONDP por un monto de RD$646.6 millones. Adicionalmente, la ONDP incorporó RD$ 61.5 millones, provenientes de los saldos disponibles al cierre del periodo presupuestario 2022, en cumplimiento del artículo 64 de la referida Ley, que autorizó al uso de dicho monto, dado que la ONDP ejecuta su presupuesto en el marco del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).
En el proyecto de presupuesto 2024, depositado en la Cámara de Diputados para su aprobación, se observa una asignación presupuestaria para la ONDP ascendente a RD$696.7 millones para un aumento en relación a la asignación del ejercicio anterior de unos RD$50 millones.
El monto que se consigna en el Proyecto de Presupuesto está muy por debajo de las necesidades y urgencias de la ONDP que incluyen, entre otras, superar el déficit de defensores públicos con la realización del concurso e ingreso a capacitación de 80 aspirantes a defensores; la apertura de nuevas oficinas a nivel nacional; y mejorar las condiciones laborales de los defensores públicos, para optimizar el servicio ofrecido a la sociedad y cumplir cabalmente con los mandatos de la Ley.
A la luz de las necesidades de la ONDP, se procedió a elaborar y remitir formalmente el presupuesto correspondiente al 2024, por un monto total de RD$1,185 millones, con lo que se garantizaría que el Estado dominicano disponga de un total de 500 defensores públicos, acercándonos a la cifra de los demás países de América Latina.
También es importante resaltar que la ONDP fue de las primeras instituciones que, de manera formal, a inicios del año 2023, solicitó presupuesto complementario, tomando en cuenta que el incremento que recibió en el Presupuesto del 2023 fue de solo RD$30 millones, muy por debajo de los RD$350 millones solicitados para mejorar el servicio a la ciudadanía.
FINJUS desea resaltar que la falta de atención a las prioridades de la ONDP no se corresponde con los fondos atribuidos a otros órganos del sistema de justicia, tal como se observa en los cuadros que siguen:
AUMENTOS PRESUPUESTARIOS A ACTORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA 2021-2024
| institución | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 /proyecto |
| Procuraduría | 7,005,559,301 | 8,399,310,777. | 9,019,720,675. | 9,648,535,941. |
| Defensa Pública | 551,669,483. | 616,669,483. | 646,669,483. | 696,669,483. |
VARIACIONES AUMENTOS PRESUPUESTARIOS ACTORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA 2021-2024
| Institución | variación 2021-2022 | variación 2022-2023 | variación 2023-2024 |
| Procuraduría | 1,393,751,476.00 | 620,409,898.00 | 628,815,266.00 |
| Defensa Pública | 65,000,000.00 | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 |
La situación antes descrita afecta significativamente a la Oficina Nacional de Defensa Pública, que es un Órgano Constitucional, tal como lo consigna el artículo 176 de la Constitución.
Exhortamos a los miembros del Senado de la República y la Cámara de Diputados a que presente atención a lo antes señalado, teniendo como referencia principal las declaraciones del Tribunal Constitucional sobre sus sentencias no ejecutadas por los órganos del Estado, especialmente la No. TC/0056/22, la cual indica en la página no. 30:
“No es posible garantizar el funcionamiento adecuado de los poderes y órganos fundamentales del Estado si no se les asignan fondos suficientes en el Presupuesto General del Estado”.
