El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales diseña una estrategia nacional de pago por servicios ambientales que será puesta en marcha a partir del año próximo, con la finalidad de que las comunidades adopten prácticas que beneficien la conservación de las fuentes acuíferas, los bosques y la biodiversidad.
Se trata de un mecanismo de retribución financiera a un individuo, agricultor o comunidad que proteja los bosques y sistemas agroforestales, asegurando un uso del suelo que garantice el mantenimiento o la provisión de uno o más servicios ambientales.
Un taller ofrecido por expertos del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal de Costa Rica fue el punto de partida para la formulación de la estrategia de pagos por servicios ambientales, instrumento de gestión que está establecido en la Ley 44-18, del 3 de septiembre de 2018.
El viceministro de Recursos Forestales, José Elías González, anunció que para crear la Estrategia de Implementación del Pago por Servicios Ambientales en República Dominicana 2024-2034 se consultará actores gubernamentales y no gubernamentales, incluyendo a usuarios del Proyecto Piloto de Pago por Servicios Ambientales Hídricos de la Cuenca del Río Yaque del Norte.
Este proyecto ha contribuido con la regulación de caudales para el consumo humano, el riego y la generación hidroeléctrica, así como con la descontaminación orgánica y química de los ríos de la cuenca.
“Queremos que sea una participación abierta, no solo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales”, afirmó el funcionario, tras explicar que, desde la década de los años 80 el país ha avanzado porque cuenta con una cobertura que alcanza casi el 81%, sumando las plantaciones de café y cacao, que constituyen un 43%, con la de los bosques, que llegan al 38%.
No obstante, reveló que el desafío en la implementación de la estrategia es “cómo hacer compatible el desarrollo del país con la necesidad de contar con bosques, bien localizados para la producción forestal, que provean los servicios ambientales que necesitamos.”
Explicó que la mayoría de los bosques están en propiedades que no son del Estado y que se dedican a algún renglón de la producción nacional, por lo que proponer el pago por servicios ambientales constituye el instrumento más idóneo para preservar el agua y el oxígeno que se necesita para el bienestar de todos.
González precisó que el pago por servicios ambientales es una de las tres estrategias asumidas por el Estado para aumentar la cobertura boscosa del país. Las otras dos son: el certificado de plantación con derecho a corte y el manejo forestal sostenible.
Durante la apertura del taller, Gilmar Navarrete, director del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal de Costa Rica, recalcó que esto es solo el inicio de un camino que requiere “ser muy pacientes, porque los procesos no se dan de manera inmediata”.
“Hoy empezamos este camino y les pido que aporten todo su conocimiento y capacidad para que esto siga creciendo en beneficio de todos”, declaró Navarrete.
Ivette Regino, en representación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), expresó que apoyar la iniciativa, de la mano de la Fundación REDDOM -Rural Economic Development Dominicana, es una decisión acertada.
“Nosotros tenemos la necesidad de apoyar la implementación del pago por servicios ambientales. Y, obviamente, tenemos los recursos, el deseo de avanzar y establecer ese vínculo con los distintos actores para que sea un sueño hecho realidad”, dijo.
La capacitación contó con los auspicios de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Servicio Forestal de los Estados Unidos, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal de Costa Rica y la Fundación Rural Economic Development Dominicana (REDDOM).
El taller forma parte del Proyecto Bilateral Costa Rica-República Dominicana, que es impulsado por los ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo, y Medio Ambiente y Recursos Naturales.