En una declaración realizada hoy, Víctor Feliz Solano, secretario nacional de Asuntos Municipales del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), hizo un llamado enérgico al gobierno central para que cumpla con la Ley 166-03, que establece la asignación del 10% del presupuesto nacional a los municipios y juntas de distritos de la zona fronteriza de la República Dominicana como una medida efectivísima para “preservar la soberanía” en estos momentos tan delicados que vive la zona.
El Feliz Solano subrayó que esta inversión es esencial para abordar los problemas que aquejan a los pobladores de la zona fronteriza y mejorar su calidad de vida. Con una partida adicional de poco más de 5 mil millones de pesos, se podrían resolver numerosos desafíos en áreas críticas como la infraestructura, la salud y los servicios municipales.
“La situación en la zona fronteriza es apremiante. Nuestros compatriotas que residen en esta región merecen una mejor calidad de vida y oportunidades para prosperar. La inversión del 10% del presupuesto nacional es un compromiso legal que no puede ser ignorado”, declaró el Feliz Solano.
El secretario nacional de Asuntos Municipales del PRD también destacó que este año, el gobierno central está reteniendo más de 80 mil millones de pesos que legítimamente pertenecen a las municipalidades de todo el país. Esta retención, según él, está obstaculizando el desarrollo de las comunidades locales y la prestación de servicios esenciales a los ciudadanos, porque “sólo al ayuntamiento de Dajabón se le retienen más de RD$200 millones, en vez de RD$264 millones recibirá RD$58 millones este año 2023”
En ese sentido, expresó que “el Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que los recursos destinados a las municipalidades se utilicen de manera efectiva y transparente. La retención de estos fondos está socavando la capacidad de nuestras ciudades y municipios para satisfacer las necesidades de sus habitantes”.
El PRD insta al gobierno central a cumplir con la Ley 166-03 y a liberar los recursos necesarios para que los municipios y juntas de distritos de la zona fronteriza puedan abordar las preocupaciones más apremiantes de sus pobladores.
