En medio de la creciente polémica ocasionada por distintos partidos políticos en torno a la legalidad y constitucionalidad de las restricciones impuestas durante el periodo de precampaña, la Junta Central Electoral (JCE) ha ratificado su postura en relación al comunicado de admonición emitido semanas atrás.
La resolución 53-2023, que fue emitida como respuesta a los reclamos de varios partidos de oposición, especifica que ciertos numerales del artículo 44 de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, no han sido declarados inconstitucionales por ninguna instancia judicial. Por lo tanto, la JCE sostiene que la prohibición de realizar marchas, mítines y colocar vallas publicitarias durante la precampaña sigue en vigor.
Sin embargo, el órgano electoral accedió a la solicitud de los partidos en relación a los numerales 4, 6 y 7 del mismo artículo que tratan sobre la divulgación de mensajes a través de diferentes medios, como teléfonos, internet y redes sociales, así como la promoción política a través de mensajes publicitarios.
Esto significa que las restricciones relativas a la publicidad en espacios públicos, como la pintura de calles y colocación de afiches, vallas y otros medios de propaganda, permanecerán en vigencia. Se enfatiza que estas restricciones no se aplican en los locales de los partidos o movimientos políticos.
La resolución llega tres días después de la expiración del plazo de 15 días otorgado por la JCE para que los partidos retiraran la publicidad que infringía las leyes electorales. El comunicado de la JCE no contempla una extensión de este plazo, lo que podría generar tensiones adicionales entre el órgano electoral y los partidos de oposición.
Partidos como el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Frente Patriótico (FP) habían instado a la JCE a reconsiderar su posición en cuanto a estas restricciones. En una declaración conjunta, estos partidos reiteraron su posición y argumentaron que las restricciones violaban derechos fundamentales y contradecían decisiones previas emitidas por instancias judiciales. La instancia de la oposición, presentada por representantes de los distintos partidos, enfatiza la necesidad de mantener un equilibrio entre la regulación electoral y el respeto a los derechos políticos.
