FJT califica como perturbadores los casos de los comunicadores, Pedro Jiménez, Sergio Carlos, Alfredo de la Cruz, Francisco Tavares y Geraldino González
Santo Domingo. La fundación Justicia y Transparencia (FJT), expresó su preocupación por los reiterados aprestos de presiones, censura previa, amenazas y amedrentamiento a los medios de comunicación y comunicadores independientes, por parte de la clase gobernante y otros sectores vinculados al poder político, con cuestionamientos de actos reñidos con la ley, en un claro atentado y desafío al estado de derecho y al sistema democrático.
La entidad cívica condena la práctica que viene observándose, de afectación al clima democrático, objetando programas de radio y televisión, tratando de acallar voces disidentes, lo cual constituye un atentado a la libertad de expresión, ello sumado a la amenaza de aprobar varios proyectos de ley, destinados en el fondo, a controlar y criminalizar la opinión de los ciudadanos en las redes sociales.
FJT califica como perturbadores los casos de los comunicadores, Pedro Jiménez, Sergio Carlos, Alfredo de la Cruz, Francisco Tavares y Geraldino González.
El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, calificó también de preocupante y perturbador, los casos de los periodistas y comunicadores, Pedro Jiménez, Sergio Carlos, Alfredo de la Cruz, Francisco Tavares (El Demócrata), donde incluso hasta la propia Procuraduría General de la República, ha tenido que tomar carta en el asunto, y el caso más reciente del comunicador Geraldino González, sacado de un importante programa matutino, presuntamente por sus críticas frontales y el choque con altos funcionarios de la actual gestión de gobierno.
Potentini explicó que los concurrentes acontecimientos, no sólo amenazan la libertad de expresión, es más grave aún, el bien jurídico tutelado y que con extremo celo debemos proteger es la disposición, del artículo 49 de la constitución dominicana, que bajo el título de derecho a la información garantiza a los medios de comunicación y a los ciudadanos dominicanos, la capacidad de buscar, recibir y difundir las informaciones, obtenidas tanto de las fuentes públicas como de las privadas, con sujeción única y exclusivamente a los aspectos referidos al honor, orden público y seguridad nacional, causales totalmente ajenas en los actos y circunstancias referidas.
Es así como aún con más amplitud, se expresan varios tratados internacionales, sobre Derechos Humanos ratificados por la República Dominicana, con rango equivalente al de la propia constitución dominicana, convenios que certifican, extienden y amplían las previsiones del 49 de la Constitución, en relación al deber y responsabilidad inherente a la clase periodística de informar, y citamos:
La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, firmada en Mérida, México en diciembre del 2003, que obliga al Estado Dominicano de conformidad con los artículos 10 y 13, bajo los títulos de Información pública y Participación de la sociedad, en las letras a, b, c y d, a disponer de los mecanismos suficientes para garantizar y tutelar el acceso eficaz del público a la información; además el Realizar actividades de información pública para fomentar la intransigencia con la corrupción, así como programas de educación pública, incluidos programas escolares y universitarios; y Respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar y difundir información relativa a la corrupción.
También el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consigna en su artículo 2 “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección”. El referido pacto establece además en su artículo 19 numeral uno el que: Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
En similares términos se expresa la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando en su artículo 19, dispone que “. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitaciones de fronteras, por cualquier medio de expresión.
También la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, en su artículo 4 establece el derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión. Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio. De ahí que para Justicia y Transparencia es motivo de preocupación, el que se atente contra la capacidad que tienen todos los dominicanos de criticar, escrutar, pedir y exigir transparencia y rendición de cuentas en todos aquellos casos que impliquen el manejo y uso de los fondos públicos.
FJT pide al presidente Abinader, el no permitir que en su gobierno sucumba la libertad de expresión.
Asimismo la FJT le pide encarecidamente al presidente Luis Abinader Corona, el no permitir que en su gobierno sucumba el derecho a la información y libertad de expresión, al tiempo de hacerle un llamado, a los medios de comunicación, a la sociedad civil y al pueblo dominicano en general, a estar pendientes y vigilantes, ante estos desafortunados hechos, que amenazan el derecho fundamental que tenemos todos los dominicanos, a expresarnos y ser informados, sobre el manejo y uso de los fondos públicos, patrimonio de la colectividad.
La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), por más de una década se ha mantenido en guardia, enfrentando todo asomo de coartar la libertad de expresión, incluso haciendo causa común en diferentes momentos en la defensa de las comunicadoras, Alicia Ortega y Nuria Piera, en los casos de amenazas y disputa legal contra Gutiérrez Feliz, entre otros.
FJT recuerda que un reciente estudio de Latinobarómetro afirma que entre 2020-2023 en RD creció el autoritarismo y disminuyó la democracia.
Finalmente la FJT recordó como un síntoma a considerar, los más recientes resultados del sondeo presentado por Latinobarómetro, en la República Dominicana se registra un aumento de ocho puntos porcentuales del autoritarismo entre 2020 y 2023 (del 13% al 21%), dos puntos porcentuales de disminución del apoyo a la democracia, que baja desde el 50% al 48%, y dos puntos porcentuales de alza de la indiferencia al tipo de régimen (del 25% al 27%), entre los mismos años, en otras palabras, estamos en presencia de una involución de la democracia, y el crecimiento de prácticas ya superadas.
