Las organizaciones Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), el Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados (ODHGV) y el Movimiento Socio Cultural de Trabajadores Haitianos (MOSCTHA), condenan los hechos ocurridos en el Hospital Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia, en el Municipio de Higüey.
El pasado jueves 20, Agentes de la Dirección General de Migración, sin orden alguna, entraron al hospital requisando a todas las personas de color, que pudieran parecer haitianas, sacando de las habitaciones a mujeres embarazadas, recién paridas y otras que se encontraban con sus hijos recién nacidos, las cuales fueron montadas en una cárcel móvil, tipo camión para ser enviadas a un centro de detención.
Estos hechos ocurridos en dicho hospital, se suman a una seria de vulneraciones y arrestos arbitrarios que ponen en evidencia una política enfocada en perseguir a los migrantes haitianos sin respetar el debido proceso ni la dignidad humana, así como violentando la constitución, la ley de migración, el reglamento de aplicación de la ley 285-04, y los pactos y convenios internacionales.
Es inaceptable que desde la Dirección General de Migración (DGM), en su proceso de perseguir la inmigración ilegal ignore su propio reglamento de aplicación el cual estable en su artículo 134 que: “la detención se inicia con la expedición de una orden de detención por parte del Director General de Migración, o bien como un paso posterior a la verificación de la condición migratoria ilegal de una persona, siendo este el último recurso a ser aplicado, de modo que la autoridad migratoria solo la utilizará en caso de que se estimen insuficientes los demás recursos establecidos. La detención nunca será utilizada en los casos de menores de edad, mujeres embarazadas o lactantes, envejecientes y solicitantes de asilo”. Estos actos evidentemente constituyen una violación a los derechos humanos, las normas nacionales y tratados internacionales.
Hacemos un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, como jefe de la política migratoria del país, a ordenar a la Dirección General de Migración (DGM) detener estas prácticas ilegales y que se acojan al debido proceso que establece la constitución, las leyes y los pactos y convenios internacionales.
El acceso a la salud es un derecho humano y universal, si bien es cierto que el estado dominicano tiene derecho de aplicación las normas para regular la migración en el país, no menos cierto es que se debe garantizar el respeto a la dignidad del ser humanos, por lo que ninguna acción ilegal realizada desde el estado es justificable.
