El Consejo de Defensa del ex Procurador Jean Alain Rodríguez, denunció que la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados (OCABID), dependencia del Poder Ejecutivo, con el doloso encubrimiento de la Procuraduría General de la República (PGR), durante el mes de diciembre del 2020 desalojaron ilegalmente una inquilina de una vivienda perteneciente al caso del extraditado nacional Quirino Ernesto Paulino, otorgada formalmente en alquiler previo, sustrayendo y destruyendo los bienes que reposaban en el interior
Afirman que para encubrir el acto y distrayendo la atención del pueblo, acusan al ex procurador de haber autorizado un reembolso de gastos a dicha inquilina, por remodelación de esa vivienda, cuyo cheque fue emitido pero no canjeado.
“El burdo proceso inquisitorio del gobierno y la PGR contra Jean Alain Rodríguez los ha llevado a violar cuantas leyes existen y cometer este bochornoso acto propio de la tiranía, todo con el objetivo de apropiarse de un bien, anulando a la fuerza con manu militari un derecho de ocupación y alquiler otorgado regularmente por la PGR para adecuar y utilizar temporalmente una amplia y lujosa vivienda del caso Quirino, ubicada en la calle la Ceiba del exclusivo sector de Bella Vista, por el cual la inquilina debía pagar al Estado la suma de RD$350,000 mensuales, pero, con el cambio de gobierno, aparentemente esta vivienda era deseada por algún funcionario público y esos importantes ingresos del Estado pasaron a un segundo plano”, dijo el Dr. Carlos Balcácer.
Constatándose que en el mes de diciembre del 2020 la inquilina, sociedad Fire House System, S.R.L, denunció que una turba de individuos armados hasta los dientes, presuntamente encabezada por el Lic. Manuel Rafael Oviedo Estrada, Director de OCABID, sin orden judicial, irrumpió violentamente dicho inmueble, violaron el domicilio, rompieron los llavines y se apropiaron de esta vivienda, mintiendo y alegando que ellos eran los guardianes de dicho Inmueble, el cual, una vez en manos de la OCABID, fue extrañamente saqueado, sin que se conozca a la fecha el destino de todos los objetos robados, encontrándonos frente a la ironía de que los dos entes que deben proteger los bienes incautados, han hecho exactamente lo contrario”, añadió.
“La empresa inquilina Fire House System, S.R.L., conforme el contrato formal de alquiler y las certificaciones depositadas por estos y sus ingenieros y contratistas, reclaman un reembolso de gastos de RD$34 millones y a pesar de que se preparó el cheque No. 11239 para dicho reembolso frente a toda la documentación presentada, revisada y aprobada por decenas de personas incluida la Contraloría General de la República, el cheque no fue canjeado y los fondos permanecen intactos en la PGR, entonces es absurdo acusar a Jean Alain Rodríguez de desfalco y distracción de esos RD$34 millones cuando los mismos nunca salieron y permanecen en las cuentas de la PGR. Si la actual gestión entiende que la inquilina invirtió menos de lo que reclama y visto que no le han realizado el reembolso, la PGR simplemente debe aclarar con la inquilina y el ingeniero que certificó haber realizado dicho gasto y entre ellos arreglen cualquier diferencia de monto, si alguna, y desistan de esa acción vengativa contra el ex procurador, ya que este ni es ingeniero, ni preparó ni presentó informe de gastos, ni conoce a esas personas, ni el reembolso se ejecutó”, expresó el Lic. Gustavo Biaggi.
“La PGR, para encubrir el irregular desalojo cometido por sus protegidos del gobierno, la OCABID, ha creado toda esta novela de distracción de fondos nunca pagados ni distraídos, al grado de falsear un manuscrito del ex procurador en el cual, frente a una ponderada y justificada solicitud de realizar un reembolso de gastos a la inquilina de dicha vivienda, emite una más que responsable y atinada instrucción condicionada, escribiendo con su puño y letra, que el proceso de reembolso era “aprobado debiendo cumplir proceso legal” y aun así la PGR falseó lo escrito y lo acusa de que el mismo escribió “aprobado debido cumplió proceso legal”, dos expresiones muy distintas, respondiendo la real a un mandato de que se cumpla la ley y la adulterada por la PGR, una falsa expresión de que ya se cumplió, actos dolosos que deberían avergonzar al ente persecutor, comentó la Lic. Nelys Rivas.
