En este caso están siendo procesados el ministro de esa cartera, Deligne Ascensión Burgos y la constructora Cogusa SRL. Ministerio admite que no hubo licitación para dicha obra y la modificación del plano original.
SANTO DOMINGO, República Dominicana. El presidente del Colegio de Abogados de RD, de la Fundación Primero Justicia, Miguel Surun Hernández y el comerciante Manuel García Mejía sometieron a la justicia al viceministro de Infraestructura Vial del Ministerio de Obras Publicas, Elías Santana y al empresario y dirigente del PRM, Rafael Guzmán Mendez, gerente de la constructora Cogusa SRL; acusados de complicidad en las irregularidades en la contratación del proyecto de ampliación de la Autopista de San Isidro, proceso en el que están siendo procesados el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión Burgos y dicha constructora.
El sometimiento de los nuevos involucrados en este caso fue interpuesta ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) acusados de estafa, asociación de malhechores, prevaricación, coalición de funcionarios, abuso de poder, usurpación de funciones, violación a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y sobrevaluación de la obra por más de 600 millones de pesos, algunas de dichas infracciones sancionadas por los artículos 114, 123, 126, 127 y 185 del Código Penal.
Surun Hernández y el empresario Manuel García Mejía calificaron como escandaloso que el Ministerio de Obras Públicas haya admitido públicamente que la ampliación de la autopista de San Isidro fue asignada a la Constructora Cogusa, S.R.L, sin licitación, en violación a las leyes de Compras y Contrataciones antigua 105-67 y actual la 340-06, alegando que se trata de una adenda a un contrato del 2001, que data de 22 años atrás, regido por la anterior Ley.
“Sin embargo confirmamos que el párrafo del artículo 18 de la Ley de Compras y Contrataciones antigua la 105 del año 1967, por la que se rige dicho contrato, prohíbe de manera expresa la sesión de cualquier tipo de contrato para obras viales y la Ley de Compras y Contrataciones actual la 340-06 tampoco permite la cesión de más del 50% de ninguna obra sin la realización de una proceso de compra, por lo han cometido una franca violación a las legislaciones antiguas y vigentes”, expresaron el jurista y el empresario.
Surun Hernández agregó que otra mentira del Ministerio de Obras Públicas fue la de declarar que las modificaciones de la obra fueron aprobadas por asambleas populares lo que ha sido desmentido por los dirigentes comunitarios, empresarios y por el mismo Ayuntamiento de Santo Domingo Este quien ha dicho que no ha autorizado la construcción de dicha obra.
Solicitaron a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) profundizar las investigaciones sobre este caso y a la Contraloría General de la República y a la Dirección de Compras y Contrataciones a ordenar la suspensión inmediata de los desembolsos de recursos para dicha obra, ya que la misma fue iniciada violando las leyes y procedimientos existentes.
Modificación y presunta sobre evaluación de la obra
El Presidente de la Fundación Primero Justicia, del Colegio de Abogados, precandidato a alcalde por Santo Domingo Este por la Fuerza del Pueblo y representante legal de los afectados, Surum Hernández, solicitó nuevamente la investigación sobre una presunta sobrevaluación por más de 600 millones de pesos, debido a que la obra fue reducida de tamaño, lo que reduce sustancialmente el costo de la misma.
“Se informó inicialmente que los trabajos de ampliación de la carretera de San Isidro realizados por la constructora Cogusa SRL tendría un ancho total de 41.70 metros, con isletas, jardinería y ancho de carriles de 3.50 metros, para lo cual se presupuestó el total de RD$800 millones de pesos y un monto extra de RD$2,000 millones para las expropiaciones de terrenos, pero luego sin explicación alguna, ni conocimiento público, el ancho de la autopista fue reducido a tan sólo 33.70 metros y se eliminaron elementos importantes como la isleta central, los espacios verdes y el arbolado lateral”, expresaron los querellantes.
También lamentaron que hasta la fecha no se ha mostrado un informe técnico administrativo que justifique dicha reducción, y peor aún, no se haya transparentado esa reducción en los montos contratados inicialmente, por lo que se evidencia un uso incorrecto de los recursos del Estado; así como una violación al libre tránsito peatonal y vehícular, derechos contemplados en la Constitución de la República.
Asimismo señaló que la construcción de este muro entre las avenidas Charles de Gaulle e Hípica afecta de manera directa las actividades de los negocios y limita el paso peatonal en perjuicio de residentes y visitantes de la zona.
Constructora Cogusa SRL
Los querellantes también solicitaron a las autoridades indagar por qué la empresa ”Constructora Cogusa, S.R.L.”, que según sus perfiles y documentos constitutivos tiene como especialidad la construcción de apartamentos, no de obras viales; con un capital accionario de 500 mil pesos, se le haya adjudicado una obra de más de 2800 millones de pesos, sin darse a conocer algún proceso de Licitación Pública y que el costo de la misma haya sido aumentado en más de 600 millones de pesos sin explicación alguna, en combinación con el Ministerio de Obras Públicas.
