La Red Socioambiental Nacional calificó como sospechosa e inaceptable la firma de un convenio del gobierno con una empresa de Israel para la elaboración de un plan para la gestión del agua.
El martes 27 de junio, el gobierno sorprendió con la información de la firma del convenio, pese a que el país cuenta con el Plan Hidrológico Nacional y con un diagnóstico realizado por la Mesa del Agua, el cual se efectuó durante casi dos años y estaba a punto de consensuar con la anuencia de la Academia, la sociedad civil y técnicos especializados del propio gobierno.
Para la Red, este convenio es una nueva estrategia para cumplir con el plan privatizador que vienen denunciando.
Los grupos de la sociedad civil, entre los que se encuentra la Red Socioambiental, estaban terminando de consensuar la firma del Pacto del Agua, el cual debería refrendarse en breve. Pero la firma de este convenio pone en duda la sinceridad y el deseo de transparencia con los que acudimos a las reuniones de la Mesa del Agua que se inició con el actual gobierno (que ahora viola y da la espalda a lo trabajado con todos los sectores del país).
La Red Socioambiental entiende que el acuerdo adolece del vicio de nulidad porque no se ha sometido a consulta pública y se sostiene en base a un servicio que es un bien público y un derecho, que solo puede ser administrado por el gobierno central, cuya función no debe ni puede ser delegada.
La Red advierte que en el presunto convenio existe un interés marcado por engañar al pueblo y privatizar de manera solapada el agua, atendiendo a recomendaciones de “expertos en gestión”, lo cual forma parte de la trama del gobierno.
La Red reiteró que se necesita una ley de agua que ordene el patrimonio, cuidando de que nunca sea concesionado, pero que garantice los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, a la producción, a la dignidad y a la vida. Debemos confiar en nuestros técnicos, ya que es la única manera de crecer como nación y dejar un buen legado patrimonial a las futuras generaciones.
La Red Socioambiental Nacional llama enérgicamente al gobierno para que reconsidere el convenio con Mekorot y se comprometa con la soberanía hídrica del país. Insta a la Cámara de Diputados y al Senado a pedir explicaciones al gobierno, cumpliendo su papel de defensores del patrimonio nacional. Finalmente, hace un llamado a la sociedad civil para unirse y alzar su voz en defensa de nuestros recursos hídricos y del derecho humano al agua, enfatizando la importancia de mantener el control y la administración pública de este recurso vital.
