La Contraloría General de la República ha llevado a cabo una serie de auditorías a los actuales funcionarios de ministerios y direcciones generales, revelando irregularidades y malas prácticas en el manejo de fondos públicos en violación de las leyes y regulaciones vigentes.
En las auditorías publicadas esta semana se examinaron el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), el Ministerio Administrativo de la Presidencia (Mapre), el Gabinete de Políticas Sociales (GPSL), la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales (Propeep), el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), entre otras instituciones del gobierno.
En el caso del Cuerpo de Seguridad Presidencial, se reveló que no se presentaban estados financieros ni resúmenes ejecutivos que expusieran su situación financiera, lo cual incumple las normas contables y dificulta el control administrativo y financiero de los fondos manejados por la institución.
En el Ministerio de Relaciones Exteriores se descubrió que se utilizaron fondos destinados a la compra de papel de escritorio para el pago de nóminas, excediendo el límite establecido por la ley. También se encontraron irregularidades en asignaciones de combustible y falta de registros adecuados sobre el manejo de bienes.
En el Ministerio Administrativo de la Presidencia se identificaron compras directas que excedían los límites establecidos y se entregaron cheques a personas distintas a los beneficiarios sin la debida autorización. Además, se encontraron expedientes de empleados sin los contratos correspondientes y discrepancias en las deducciones del impuesto sobre la renta.
En la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales se detectaron compras y contrataciones irregulares, incluyendo la repetición de pólizas de seguros y la adquisición de equipos a un precio superior y a través de empresas no autorizadas.
En el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados se encontraron inconsistencias en la ejecución presupuestaria, cheques sin documentación, empleados con más de un nombramiento y diversas violaciones a las normas contables y de contratación.
Estos informes de la Contraloría revelan la necesidad de mejorar la transparencia, el control interno y el cumplimiento de las leyes en los organismos del gobierno. Las instituciones mencionadas deberán tomar medidas para corregir las irregularidades y garantizar un manejo adecuado de los fondos públicos.
