El senador de La Romana, Iván Silva, hizo un llamado a sus colegas para solicitar solidaridad y apoyo ante una “ignominiosa estafa” que ha afectado a prestigiosas familias empresariales de la Romana y la provincia Peravia.
Según Silva, las empresas víctimas de este fraude han sufrido un “oprobio institucional” por parte de la Junta Central Electoral, la Dirección General de Impuestos Internos, la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y el Ministerio de Hacienda.
Mencionó que como parte de las familias empresariales afectadas aparecen las familias Serrano y Mayol, dueñas de las empresas Hilari Mayol C x A, Mayol & Co., S.R.L. Grand Cays Corporation y Okra Company, LTD.
En particular, mencionó la marca “La Famosa” como un distintivo de Baní y de toda la República Dominicana, “está sufriendo las consecuencias indeseadas de las deficiencias políticas y democráticas tanto en las instituciones públicas como en el ámbito privado”.
El senador solicitó la ayuda del Senado para estas familias, que son un “emblema y una marca de progreso y emprendimiento”, y ha pedido que se fije la atención en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, debido a su “negligencia delictiva en el registro de sociedades creadas mediante falsificaciones”.
Fraude inmobiliario
El fraude inmobiliario, según Silva, busca despojar a los accionistas de Costa Dorada S.A. de sus acciones y predios en Baní mediante el uso de cédulas de identidad falsas y documentos apócrifos. El senador ha pedido una acción política y democrática para evitar estos crímenes contra familias dominicanas.
Denunció que este fraude inmobiliario colosal, está compuesto por una asociación que beneficia al Dr. Helena Regalado, a la señora Ailec Paloma Soto Garabito y a una sociedad compuesta por el Coronel del Estado de la República Dominicana, Ricardo Elías Soto Subero, junto a sus hijos, el Teniente Reynaldo Elías Soto Sánchez, Ricky Soto Sánchez, Rissy Soto Sánchez y Brian Soto Sánchez, beneficiándose como dueños de la empresa Global Multibusiness Corporation G. MB. C., S.R.L
Explicó que el fraude se centra en la propiedad adquirida el 13 de junio de 1967 al Banco Agrícola de la República Dominicana, que es un terreno de 6,363,202 metros cuadrados ubicado en Bahía de las Calderas, en la parcela número 21 del distrito catastral número 5 de Baní.
“Este terreno, cuya parte sur colinda con la playa de Los Corbanitos, ha sido el escenario de un próspero proyecto turístico conocido como Puntarenas, que ha experimentado un gran auge en los últimos años”, comentó.
Ante esto, Silva pidió a sus colegas legisladores el apoyo para investigar y fiscalizar esta problemática que enfrentan actualmente las familias empresariales.
