Santo Domingo.- Con el objetivo de continuar fortaleciendo las capacidades de las instituciones que brindan servicios de asistencia jurídica a víctimas de violencia en el país, el Departamento de Seguridad Pública de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA), con el apoyo financiero del Fondo de España ante la OEA (FEPO), realizó dos talleres formativos.
Estas jornadas de capacitación realizadas el 1 y 2 de junio, buscó además, robustecer el conocimiento de los funcionarios de las entidades que ofrecen asistencia jurídica gratuita respecto al marco jurídico internacional y regional en materia de acceso a la justicia, los derechos y necesidades de las víctimas, las obligaciones del Estado y la atención especializada a las víctimas con enfoque de género. Este espacio también sirvió para el intercambio de información y de buenas prácticas, así como para la articulación de los servicios que brindan.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Ana Álvarez, Responsable de Proyectos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en República Dominicana; María Rosalba Díaz Henriquez, Procuradora Fiscal, Miembro del Consejo Superior del Ministerio Público; Ana Maritza Contreras, encargada de Proyectos en representación del Centro de Servicios Legales para la Mujer (Censel) y la fundación Cactus y Cristian Taboada, Jefe de la Sección de Seguridad y Justicia de la Organización de los Estados Americanos.
Durante la actividad se dieron a conocer los resultados obtenidos por las fundaciones Cactus y Censel con la implementación del proyecto “Fortalecimiento y ampliación de red de promotoras/es comunitarias”, financiado por el Departamento de Seguridad de la OEA y la Agencia de Cooperación Española.
“Hemos logrado fortalecer y ampliar una red de promotores/as legales, integrados por 52 líderes comunitarios, los cuales se encuentran desarrollando acciones de orientación, detección y referimiento de casos de violencia intrafamiliar, contra la niñez y adolescencia y contra la mujer en las comunidades de Sabana Perdida, Villa Mella, la Victoria, Los Tres Brazos y Mendoza de la provincia Santo Domingo”, destacó Ana Contreras, durante su intervención.
Al fortalecer la capacidad de los promotores legales comunitarios, se promueve el acceso a la justicia y se brinda un apoyo más efectivo a las víctimas de violencia. Esta iniciativa contribuye a empoderar a las comunidades, fomentar la igualdad de género y promover la erradicación de la violencia en todas sus formas.
