El coordinador general de Participación Ciudadana no cree que el proyecto de ley de fideicomiso público que se discute actualmente en el Congreso Nacional sea un subterfugio usado por el actual gobierno para privatizar los bienes públicos, como alegan los partidos opositores.
Joseph Abreu dice que la entidad cívica no partidista ha discutido el tema en las diferentes comisiones y en su consejo, y dicho alegato es un falso debate y una distracción, porque el proyecto de ley como se ha planteado no da cabida a que haya una privatización porque todos los elementos son del Estado, como la Fiduciaria, el director ejecutivo, el fideicomitente, y los beneficiarios, cuando se disuelve el fideicomiso, también será del Estado.
Explicó que, además, el Comité Técnico que generó muchos debates, su composición, mayoritariamente estará conformado por funcionarios públicos.
Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para Estados Unidos, Abreu si externó preocupación por el hecho de que se esté utilizando la figura para hacer inversión pública sin los controles que conlleva ese tipo de iniciativa ejecutada por el Estado dominicano, y el uso del patrimonio público.
Agregó que esos controles están establecidos en la ley de Compras y Contrataciones, en la Ley de Crédito Público, en la Ley de Información Pública, porque en el proyecto de ley se pretende plantear que el endeudamiento no constituye deuda pública a menos que el Estado lo garantice, pero, sin embargo, se compromete el patrimonio fideicomitido que es un patrimonio público.
“Entonces es un espejismo decir que está súper regulado, no está ningún súper regulado, y eso es lo que nos ha generado preocupación, que se esté utilizando la figura para hacer inversión pública sin los controles de la ley”, advirtió el dirigente de la sociedad civil.
Abreu dijo que, “nos preocupa también que el proyecto de ley plantea que la contratación de personal se haga en el marco del Código Laboral, y no bajo los criterios de la Ley de Función Pública, principalmente en el personal que, obviamente, no es empleado público”.
“Y, obviamente, sabemos a lo que se presta, que se administre inversión pública, compras, contrataciones de personas, de servicios, fuera de la Ley de Compra, y contratación de empleomanía en el marco privado, y contratación de deudas públicas sin los controles de la Ley de Créditos Públicos”, señaló.
Sostuvo que, también, se incluyen dentro de las disposiciones que van a ser regulados por la Contraloría y la Cámara de Cuentas, pero eso también es una especie de espejismo porque esas instituciones cuando vayan a regular esa forma de inversión pública, a menos que no encuentren un robo flagrante, no van poder hacer nadas porque ellas se tienen que enmarcar en las disposiciones que establecen las leyes.
“Y, si ese marco de ley no prevee sanciones, no contempla un procedimiento estricto de aplicaciones, entonces no tienen un marco sobre el cual regular, porque cuando la Controlaría llega a un sitio verifica si usted cumplió en el marco de la Ley de Función Pública, la contratación, pero si esta ley no cumple con eso, entonces qué va a regular”, cuestionó Abreu.
Sobre las implicaciones de la Ley en el incremento de la deuda pública, “el coordinador de Participación Ciudadana dijo que coincide con la posición del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) en el sentido de que, si un fideicomiso con una inversión pública controlada por el Estado dominicano queda mal, las calificadoras de riesgos le van a dar una mala calificación al Estado, porque es quien tiene ese fideicomiso controlado”.
