El ingeniero Víctor Díaz Rúa expresó que los abogados que lo representan en el juicio que se lleva a cabo en su contra, demostraron que no lo pueden condenar sin haber un delito precedente, porque demostró con pruebas el origen de los bienes que posee.
El ex ministro de Obras Públicas explicó que llevó ante el tribunal las pruebas numeradas de los bienes que ha acumulado, de dónde obtuvo los recursos para adquirirlos, pruebas firmadas y registradas con su nombre.
Al comparecer al espacio “La Hora 22”, que produce el comunicador Gregory Caimares por Teleradioamérica, Díaz Rúa amplió que también presentó pruebas de los beneficios que obtuvo durante más de 20 años, construyendo en el sector privado, que pagó los impuestos correspondientes, cumpliendo los requisitos legales y con cuentas bancarias a su nombre.
“Mi casa en Cuesta Hermosa, Arroyo Hondo, la compré en el 1992 y me salió por 6 millones de pesos, pero en el 2006 en una tasación que ordené su precio ya estaba en unos RD$55 millones; la casa que tengo en La Romana, se valorizó, no tiene un anexo o un segundo piso, ¡nada!, solo la valoricé, y la adquirí antes de ser funcionario”, explicó.
Agregó que además, por distintos trabajos que hizo a clientes privados en Megapuerto, por varios millones de pesos, donde obtuvo unos US$800,000, que depositó públicamente en su cuenta en Estados Unidos, increíblemente las juezas se inventaron que esto no se había demostrado.
Apartamento torre Caney
Díaz Rúa añadió que también le acusaron de haber ocultado su apartamento en la Torre Caney, que para entonces valía unos RD$30,000 millones, la promesa de venta de este inmueble duró unos cinco años, y todos los documentos de adquisición del mismo están a su nombre y el propio Ministerio Público presentó la prueba numero 30 cuando entregó a la juez copias de los cheques firmados por él para cubrir el costo.
“Firmo la promesa de venta, firmo los cheques, luego cuando terminan la torre compro una compañía de carpeta con accionistas de relleno y los saco y pongo a mi familia, le enseño la nota de la asamblea donde se registran los nuevos accionistas, incluyendo el registro mercantil y además, está en mi declaración jurada, entonces, ¿cómo pueden decir que oculté esa propiedad?”, cuestionó el ex funcionario.
Díaz Rúa refirió que en el voto disidente emitido por el juez Daniel Nolasco en el acápite 31 expresó que los jueces pares en apelación nunca debieron refrendan el contenido de semejante decisión, en específico frente al caso Díaz Rúa, porque una condenación represiva sería un acto judicial que contraviene las garantías mínimas del debido proceso de legalidad constitucional.
Añadió que la conclusión del magistrado Nolasco es que en una sana administración de Justicia la solución que amerita el caso es dictar absolución plena, o en su defecto la nulidad de la causa penal seguida en su contra.
El Ing. Díaz Rúa observó que la sentencia de apelación en su contra es tan débil, que ni siquiera sus enemigos políticos han podido asumirla, que refleja la escasa rigurosidad de algunos tribunales en el manejo de los casos penales.
El también dirigente político subrayó que no le interesa que un determinado tribunal maneje su caso, sino que simplemente apliquen la ley, porque en buen derecho, su caso no tiene consistencia jurídica para condenarlo.
