Los directores de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y el Defensor del Pueblo, realizaron el primer encuentro de colaboración y planificación interinstitucional con la finalidad de dotar a los más de 25 mil privados de libertad de un seguro médico subsidiado.
La primera mesa de trabajo se desarrolló en la sede del SeNaSa, con la presencia de su director ejecutivo Santiago Hazim, Roberto Hernández Basilio, de la DGSPC, y Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo.
En la reunión, el director del SeNaSa, Santiago Hazim, expuso: “esta iniciativa propuesta por la Procuraduría General de la República a través de Roberto Hernández Basilio, responsable de la DGSPC, y el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, nos permitirá garantizar el derecho fundamental de la Seguridad Social a los privados de libertad, amparado en el artículo 60 de la Constitución, que establece que estos no pierden su derecho a la salud”.
Destacó las políticas de protección social que ejecutan el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, al tiempo que resaltó: “una muestra de ello es que de los más de siete mil privados de libertad que tiene el centro de La Victoria, el SeNaSa ha beneficiado con seguro subsidiado a más de cuatro mil internos, por lo cual se está realizando la validación de los documentos que se requieren para el proceso de afiliación para incorporar al total de la población penitenciaria del país a un seguro de salud”.
De su lado, Roberto Hernández Basilio, director de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, celebró la colaboración del Servicio Nacional de Salud y dijo que en su gestión el derecho a la salud está en primer lugar, como garantía de la aplicación del Tratamiento Penitenciario que establece la Ley 113-21, sobre el Régimen Penitenciario.
“Tenemos que seguir avanzando en el aspecto salud y las gestiones que iniciamos hoy, en coordinación con SeNaSa y el apoyo del Defensor del Pueblo, es fundamental para que los privados de libertad obtengan los servicios que requieren de manera segura”, dijo el funcionario penitenciario.
En este sentido, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, sostuvo que la necesidad de un seguro médico para todos los privados de libertad ha sido una preocupación latente desde que inició su gestión, por lo cual el equipo de trabajo de esta institución realizó un Estudio Socioeducativo Y Criminológico a los privados de libertad de los 47 centros penitenciarios a nivel nacional.
“Gracias a este estudio que realizamos hemos podido recopilar cifras claras de la situación de salud de los internos en los centros penitenciarios, por tanto, esta colaboración con SeNaSa y DGSPC significa un hito con miras a salvaguardar el derecho a la salud que establece la Constitución y forma parte de la misión institucional del Defensor del Pueblo como garante de los derechos fundamentales”, afirmó Ulloa.
