Gobierno colabora con Amnistía Internacional por espionaje a Nuria

Gobierno colabora con Amnistía Internacional por espionaje a Nuria

SANTO DOMINGO.- El gobierno dominicano, a través del Ministerio de Interior y Policía, manifestó que se caracteriza “por ser respetuoso de la libertad de expresión y difusión del pensamiento”, por lo que ha accedido a colaborar con Amnistía Internacional, para investigar el origen y propósito de espionaje a Nuria Piera, a través del software espía Pegasus.

Asimismo, condena “cualquier intento de vigilancia selectiva ilegal llevada a cabo por actores internacionales o locales contra cualquier ciudadano o ciudadana y, especialmente, si es una ciudadana o ciudadano profesional del periodismo”.

“Nuestro gobierno no tolerará que situaciones como esta se produzcan”, agrega.

Mediante un documento firmado por el Ministerio de Interior y Policía con fecha del 18 de abril de 2023, el Gobierno respondió a algunas informaciones solicitadas por dicha organización. A continuación las preguntas y respuestas íntegras:

1. ¿Puede confirmar o negar que las autoridades dominicanas han llevado a cabo vigilancia selectiva de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, utilizando las herramientas de NSO Group?

El gobierno de la República Dominicana mantiene un compromiso irrestricto con el respeto y defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa. En este sentido, garantizamos que no hacemos uso de servicios de espionaje o vigilancia que contravengan dichos principios fundamentales.

2. Las normas internacionales exigen transparencia en cuanto a las tecnologías de vigilancia utilizadas por los agentes del Estado. Con esto en mente, por favor infórmenos que herramientas de NSO Group poseen y utilizan actualmente las autoridades dominicanas. Además, agradeceriamos cualquier información que pueda S ofrecer sobre detalles de documentos relevantes y/o material contractual con NSO Group. Esto puede incluir documentos de contratación, registros de reuniones y otro material relevante.

Durante la gestión actual que se inició el 16 de agosto del 2020, no se han contratado los servicios del NSO Group ni de ninguna otra empresa que opere en este ámbito o cuyas

actividades atenten contra los derechos humanos y las garantias individuales.

3. Por favor, aclare los detalles del procedimiento operativo y los criterios establecidos para la selección de personas que serán sometidas a vigilancia mediante programas espía para teléfonos móviles y cualquier salvaguarda que se establezca para proteger los derechos humanos en este proceso.

La interceptación telefónica en la República Dominicana solo puede ser realizada con autorización judicial, lo que significa que un juez debe emitir una orden judicial que permita la

intervención de las comunicaciones de un sospechoso específico en el marco de una investigación criminal o de seguridad nacional. El proceso de obtención de dicha orden judicial suele ser riguroso y requiere pruebas sólidas que justifiquen la necesidad de realizar dicha interceptación.

4. ¿Cuáles son los mecanismos disponibles para el acceso a la justicia y a reparación en casos de vigilancia selectiva ilegitima?

Conforme a lo establecido en la Ley 57-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (artículo 29), el Ministerio Público de la República Dominicana dispone de una dependencia especializada para la investigación y enjuiciamiento de las infracciones contempladas en dicha normativa. Cualquier ciudadano afectado puede acudir a esa instancia para procurar reparación en este sentido.

5. A la luz de estas conclusiones, ¿qué medidas piensa adoptar para investigar y abordar los incidentes documentados, y prevenir nuevas violaciones de los derechos humanos de las personas periodistas?

La protección y salvaguarda de los derechos humanos y garantías individuales de los ciudadanos es una prioridad primordial para el gobierno. En caso de presentarse alguna denuncia formal ante las autoridades, nos atendremos a los procedimientos legales y protocolos establecidos, en aras de garantizar plenamente el Estado de Derecho y los derechos del ciudadano afectado.